Un equipo conjunto de investigación solicitó este lunes una orden de arresto contra el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, tras su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Este hecho marca un hito en la historia reciente de Corea del Sur, ya que es la primera vez que un presidente en ejercicio enfrenta la posibilidad de ser detenido. La solicitud fue presentada ante un tribunal del Distrito Oeste de Seúl, después de que Yoon ignorara tres citaciones para ser interrogado.

El motivo detrás de la solicitud de arresto es la acusación de que Yoon lideró una insurrección y abusó de su poder al decretar un estado de excepción, el cual intentó impedir que los parlamentarios votaran en contra de su decisión. Sin embargo, los diputados finalmente lograron llevar a cabo la votación, y el mandatario se vio obligado a rescindir la ley marcial pocas horas después de declararla. Este evento ocurrió en un contexto de creciente tensión política, con el presidente enfrentando un fuerte desafío por parte de la mayoría opositora en el Parlamento.

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El 14 de diciembre, la Asamblea Nacional destituyó a Yoon temporalmente, suspendiendo sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida en los próximos meses si debe ser restituido en su cargo o inhabilitado definitivamente. Mientras tanto, un equipo de investigación que incluye a la oficina anticorrupción, la Policía y el Ministerio de Defensa Nacional, continúa con las investigaciones en su contra.

En defensa de sus acciones, Yoon ha rechazado las acusaciones, asegurando que su declaración de ley marcial fue un "acto de gobernanza" dirigido a advertir a la oposición, que según él, buscaba socavar al Estado y apoyar a Corea del Norte. El presidente también argumentó que su decisión estaba dentro de los límites de su autoridad ejecutiva y que no estaba sujeta a revisión judicial. En su respuesta, afirmó que enfrentará las investigaciones con "confianza" y continuará luchando "hasta el último momento junto al pueblo surcoreano".