La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, anunció que la declaración indagatoria de la presidenta Dina Boluarte, programada inicialmente para el 2 de enero de 2025, ha sido reprogramada para el 13 de enero. Esta decisión fue tomada a solicitud de la mandataria, quien se encuentra bajo investigación por el presunto delito de omisión de funciones y, alternativamente, por abandono de cargo.

El caso está relacionado con el período en el que Boluarte estuvo ausente de sus funciones debido a una cirugía a la que se sometió entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023. La fiscalía investiga la posible omisión de la presidenta al no informar de manera adecuada al Consejo de Ministros ni al Congreso de la República sobre su impedimento temporal para ejercer el cargo.

Investigación por omisión de funciones

La investigación comenzó tras una declaración del exjefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, quien ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, aseguró que no hubo "vacío de poder" durante el tiempo en que Boluarte estuvo recuperándose de la operación. Sin embargo, Otárola reconoció que la mandataria no comunicó de manera oficial su incapacidad temporal para ejercer funciones.

"Como es de conocimiento público, la presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó por un procedimiento quirúrgico; pero, en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo", comentó Otárola. Sin embargo, su declaración no ha sido suficiente para descartar la posibilidad de que hubo un incumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.

La mandataria deberá aclarar su omisión

El cambio de fecha para la declaración de Boluarte permite que la Fiscalía continúe con el proceso de indagación sobre el caso, que se centra en determinar si la presidenta incurrió en alguna falta al no haber informado adecuadamente sobre su estado de salud, lo cual podría haber generado confusión respecto a la continuidad del poder ejecutivo.

La cita del 13 de enero será clave para esclarecer los hechos. A medida que avanza la investigación, se espera que las autoridades determinen si efectivamente hubo un abandono de cargo durante el periodo en cuestión.