

En las últimas horas del 2024, el gobierno de Dina Boluarte ha tomado una decisión polémica al modificar la forma en que se mide la pobreza multidimensional en Perú. A través del Decreto Supremo N° 014-2024-MIDIS, publicado el 31 de diciembre, se ordena al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) calcular un único índice sintético para reflejar la pobreza, eliminando la variedad de indicadores que hasta ahora permitían una visión más detallada de la situación social del país.
Este decreto se enmarca dentro de un proceso de institucionalización de la medición oficial de la pobreza, pero ha generado preocupación entre especialistas y organismos independientes, quienes denuncian una vulneración de la autonomía del INEI y el riesgo de que las cifras resultantes no reflejen con precisión la realidad de la pobreza en el país.
Hasta el momento, la medición de la pobreza multidimensional se basaba en un sistema que evaluaba ocho dimensiones y 29 indicadores, abarcando aspectos tan cruciales como la salud, educación, vivienda, servicios básicos, empleo, energía, seguridad ciudadana y conectividad. Sin embargo, el nuevo decreto ha simplificado todo esto a un solo indicador que agrupa varias carencias y privaciones, un cambio que podría omitir aspectos importantes que afectan a millones de peruanos.
El impacto de este cambio es aún incierto, pero algunos expertos advierten que al concentrar la pobreza en un solo número, se corre el riesgo de maquillar los datos, minimizando problemas como la desnutrición infantil, la calidad de la educación, el acceso limitado al agua potable o la inseguridad ciudadana, elementos cruciales para la formulación de políticas públicas efectivas.
El INEI, por ley, tiene autonomía técnica y de gestión para definir sus propios indicadores. El Decreto Supremo N° 014-2024-MIDIS, sin embargo, parece cuestionar esa independencia al imponer un cambio que va en contra de la normativa vigente. El instituto ahora se ve obligado a calcular la pobreza multidimensional bajo los criterios del gobierno, ignorando la discusión técnica que aún está en curso sobre la pertinencia del índice sintético.
Este ajuste en la metodología de medición ocurre en un contexto crítico. Según cálculos de COMEX Perú, la pobreza multidimensional afectó a 11,3 millones de peruanos en 2023, un 33,2% de la población, una cifra mucho más alarmante que la pobreza monetaria. A pesar de que no existe una medición oficial aún, las proyecciones muestran una disparidad considerable entre las diferentes formas de medir la pobreza.
El cambio en la medición oficial podría alterar significativamente la percepción pública de los avances del gobierno en su lucha contra la pobreza, en un momento donde los resultados en áreas clave como la educación y la salud son cuestionados por expertos y organismos internacionales.
El nuevo Decreto establece que el INEI deberá publicar los resultados con los nuevos indicadores en febrero y mayo de 2025, correspondientes a los años 2023 y 2024. En estos nuevos informes, se espera que las cifras de pobreza multidimensional sean revisadas y validadas por la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza, lo que podría arrojar más luces sobre la efectividad y la precisión de este nuevo enfoque.
Mientras tanto, las críticas siguen aumentando sobre lo que algunos perciben como un intento de manipulación de las cifras, que podría afectar la formulación de políticas públicas necesarias para enfrentar de manera efectiva las múltiples carencias que atraviesan millones de peruanos.