La restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, que fue eliminada anteriormente y motivó una fuerte oposición, sigue siendo un tema candente en el ámbito político y judicial del Perú. A pesar de haber sido aprobada por el Congreso y enviada al Ejecutivo el 16 de diciembre, la ley aún no ha sido promulgada por la presidenta Dina Boluarte, lo que ha generado preocupación en diversos sectores, especialmente dentro del sistema de justicia.

El llamado de la Defensoría del Pueblo
Ante la demora en la firma de la norma, la Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, instó al Ejecutivo a promulgar la ley cuanto antes. A través de un comunicado en sus redes sociales, la institución señaló que esta herramienta es esencial para dotar a jueces y fiscales de los instrumentos necesarios para enfrentar la criminalidad.

En declaraciones a RPP, Gutiérrez agregó que, si bien la ley debe ser promulgada, es importante que se revisen ciertos aspectos para asegurar que las detenciones preliminares se realicen dentro del marco de la legalidad y respeto a los derechos humanos. "Solicitamos al Ejecutivo que se haga una revisión exhaustiva y de ser necesario, se aprueben con los ajustes pertinentes", señaló.

Posición del Ejecutivo
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, aseguró que el Ejecutivo está dentro del plazo para promulgar la ley, aunque evitó adelantar cuál será la postura final. En su intervención, destacó que algunas normas pueden ser mal utilizadas si exceden su propósito, lo que podría llevar a consecuencias no deseadas.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, argumentó que la demora se debe a un análisis profundo sobre el impacto de la ley y a las consultas pertinentes con los sectores involucrados, asegurando que no se tomará ninguna decisión apresurada.

Controversia y preocupaciones en torno a la ley
Antes de su restablecimiento, la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia fue duramente criticada por la Fiscalía de la Nación, que consideró que la medida favorecía a la criminalidad. Este punto se ejemplificó con la liberación de miembros de la organización criminal ‘Las Hienas Verdes’, quienes quedaron en libertad tras la promulgación de la norma inicial.

Además, algunos críticos apuntan que la modificación de la ley podría beneficiar a individuos implicados en casos políticos. Un ejemplo de ello es el vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien enfrenta varios cargos, entre ellos, organización criminal y cohecho, y a quien se le negó la restricción de su libertad tras la modificación legislativa.

Con la ley aún pendiente de promulgación, el debate sobre su impacto y las posibles repercusiones sigue siendo un tema de discusión tanto en el ámbito político como en el judicial del país.