El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se mantuvo firme en su decisión de retirar al coronel Harvey Colchado de la Policía Nacional del Perú (PNP), asegurando que el proceso fue conforme a la ley y que no hay irregularidades en la medida. Colchado, quien fuera jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), había sido previamente señalado en diversas investigaciones que involucraban al entorno cercano de la presidenta Dina Boluarte.

En su defensa, el ministro desmintió los rumores sobre el salario que Colchado recibiría tras su retiro, aclarando que el exoficial recibirá el sueldo correspondiente a un general. A pesar de las críticas y las denuncias sobre la desactivación de la Diviac, Santiváñez insistió en que la medida fue tomada dentro del marco legal y no responde a presiones externas.

Los mensajes filtrados: amenazas y descontento
En un giro inesperado, el capitán de la PNP, Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como "Capitán Culebra", filtró una conversación privada con el ministro Santiváñez, que fue entregada al Poder Judicial. En los mensajes, Santiváñez se muestra visiblemente molesto por las investigaciones que la Diviac realizaba en su entorno y amenaza con tomar acciones contra los oficiales involucrados. En una de las conversaciones, el ministro aseguró: “Yo me iré de ministro, pero se van al Poder Judicial a pelear su reincorporación”.

La amenaza se cumplió parcialmente con la reciente oficialización del pase al retiro de Colchado y otros oficiales de la Diviac el 1 de enero de 2025. Sin embargo, los abogados de Colchado han presentado un recurso de amparo, argumentando que la medida no cumple con los requisitos legales establecidos.

Recurso de amparo y demoras judiciales
El proceso judicial para revertir la decisión está en marcha, pero actualmente enfrenta retrasos debido a que el juez Juan Carlos Checkley se ha inhibido del caso. La autenticidad de los materiales entregados por Izquierdo y las implicaciones legales del pase al retiro deberán ser evaluadas por el Poder Judicial, lo que podría tomar varios meses.

La polémica en torno al pase al retiro y las acusaciones de politización en la PNP siguen dividiendo a la opinión pública. Mientras tanto, el futuro de la Diviac y los oficiales implicados en las investigaciones relacionadas con el gobierno de Boluarte sigue siendo incierto.