El escándalo sobre una presunta red de prostitución que operaría en el Congreso de la República ha sacudido al país. En una operación conjunta, agentes de la Dirección contra la Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público ingresaron al Palacio Legislativo para llevar a cabo diligencias relacionadas con la investigación.

La intervención se produjo en medio de la expectativa generada por la conferencia de prensa que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, estaba a punto de ofrecer. Según las autoridades, la investigación se centra en una posible red de explotación sexual que involucra a funcionarios de alto nivel del Legislativo.

El operativo: decomiso de computadoras y documentos

Luego de casi cinco horas de diligencias, los representantes de la Fiscalía y la PNP se retiraron del Palacio Legislativo con cajas llenas de documentos y computadoras. Estos objetos, según fuentes cercanas al caso, pertenecen a la Oficina de Previsión y Seguridad, un área clave del Congreso, que maneja el registro de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Parlamento. Desde este centro de monitoreo se puede observar todo lo que sucede en el interior de las instalaciones.

Declaraciones del presidente del Congreso

Mientras se realizaban las intervenciones, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, afirmó ante los medios que su administración está brindando todas las facilidades necesarias al Ministerio Público para llevar a cabo su labor. "Estamos colaborando plenamente en la investigación y permitiendo que las autoridades tomen las decisiones que consideren pertinentes", expresó Salhuana.

La Fiscalía se pronuncia

A través de un comunicado en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), el Ministerio Público informó que la Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) había solicitado información de diversas áreas del Congreso relacionada con la investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, por presunto delito de explotación sexual.

Antecedentes del caso

La investigación comenzó tras una denuncia que vinculaba a Vidal Gómez con Jorge Torres Saravia, quien, según la acusación, habría contactado a modelos para ofrecer sus servicios sexuales a funcionarios del Congreso bajo cargos ficticios. Tras conocerse el caso, Torres Saravia fue destituido de su cargo y comenzó una investigación interna en el Congreso para esclarecer los hechos.

Solicitudes de cese y posibles responsabilidades

En respuesta a las acusaciones, un grupo de congresistas de diversas bancadas ha solicitado el cese inmediato del oficial Mayor, Giovanni Forno Flórez, debido a su presunta vinculación con la red de prostitución y la falta de transparencia durante su gestión. Por su parte, el presidente del Congreso indicó que la Mesa Directiva está evaluando los hechos y las posibles responsabilidades para tomar una decisión al respecto.