Daniel Salaverry, expresidente del Congreso de la República, ha generado controversia con unas declaraciones en las que insinuó que algunos legisladores, incluidos el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, podrían estar involucrados en una presunta red de prostitución y extorsión dentro del Parlamento.

En una entrevista con RPP, Salaverry expresó que la contratación de mujeres sin credenciales podría tener un propósito oculto, como chantajear a congresistas para influir en sus votaciones. “Probablemente, podría ser para que tengan algún tipo de vinculación con algún congresista y después tenerlo chantajeado”, comentó.

Crisis en Alianza para el Progreso
El reciente viaje de Salhuana a China, mientras el Congreso atraviesa una crisis política interna y externa, ha intensificado las críticas hacia su gestión. Su viaje a la Asamblea Popular Nacional fue interpretado por muchos como una evasión de responsabilidades en un momento crítico para Alianza para el Progreso (APP), el partido liderado por César Acuña.

El caso de Jorge Torres Saravia, señalado como el principal sospechoso de estar vinculado a esta red ilícita, ha aumentado la presión sobre Salhuana, especialmente después de que Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, acusó a la Mesa Directiva de protegerlo. La falta de avances en la investigación sobre el asesinato de Andrea Vidal, ocurrido hace un mes, también ha contribuido a la creciente desconfianza hacia la gestión de Salhuana.

Mientras tanto, Luis Valdez, secretario general de APP, ha negado cualquier vínculo del partido con las acusaciones relacionadas con la prostitución, defendiendo la integridad de la organización.

Renuncia y reorganización
En medio de este contexto, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, renunció a Alianza para el Progreso después de que se vencieran los plazos para su candidatura a la alcaldía de Lima. Esto ha debilitado aún más al partido, que enfrenta una fragilidad interna.

El jueves, Salhuana anunció la reorganización de la Dirección General de Administración del Congreso, con el objetivo de evaluar a los responsables de diversos departamentos y revisar los antecedentes del personal del Congreso. Esta medida responde, según Salhuana, a las denuncias que afectan al Congreso y busca asegurar que los empleados no tengan impedimentos legales para continuar trabajando en el Estado.