El nombre de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, vuelve a ser noticia en Perú. Esta vez, no se trata de su vinculación con una red de prostitución dentro del Palacio Legislativo, sino de un nuevo proceso judicial iniciado por el Ministerio Público. Torres Saravia, quien se vio envuelto en un escándalo tras la muerte de su subordinada Andre Vidal en diciembre de 2024, ahora enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de personal durante 2023 y 2024.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ha abierto un proceso contra el exfuncionario por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible. Estas acusaciones señalan que las contrataciones realizadas bajo su gestión habrían perjudicado al Estado, y las autoridades buscan determinar si se cumplieron los requisitos legales y si las plazas creadas respondieron a necesidades reales del Congreso o a intereses privados.

La investigación se desarrollará en un plazo de 120 días, durante los cuales se recopilarán pruebas documentales y se tomarán declaraciones clave. Además, se llevarán a cabo inspecciones en las oficinas de Recursos Humanos y Legal del Congreso para esclarecer las circunstancias detrás de las contrataciones.

Un panorama complicado

Este nuevo proceso judicial no es el único que amenaza con empañar la imagen de Torres Saravia. El exfuncionario ya se encuentra bajo investigación por su presunta implicación en una red de explotación sexual dentro del Congreso, un caso que ha conmocionado al país. Según el Ministerio Público, Torres Saravia habría liderado un esquema que lo vincula, incluso, al asesinato de Andre Vidal, quien fuera asesora parlamentaria y falleciera en circunstancias sospechosas.

Las autoridades también están analizando los expedientes laborales de personas clave en el caso, como Isabel Cajo Salvador y Alexandra Gil Ramírez, quienes trabajaron en la oficina de Torres Saravia, así como de la propia Vidal.

Renuncia del abogado defensor

Este viernes, el abogado Benji Espinoza, quien defendía a Torres Saravia, renunció a su representación. Espinoza explicó que su decisión no tiene relación con las investigaciones en curso, sino con cuestiones económicas y de honorarios. “Él acogió la propuesta del Congreso, lo demás ya no. No nos pusimos a ver el tema de la investigación en la Fiscalía”, aclaró.

Sin embargo, días atrás, Espinoza había señalado que abandonaría la defensa si surgían pruebas contundentes contra su cliente. A pesar de ello, en ese momento expresó su confianza en la inocencia de Torres Saravia. Tras su salida, el abogado Juan Peña asumirá la defensa del exfuncionario.

Un futuro incierto

Con la acumulación de estos procesos judiciales, el futuro de Jorge Torres Saravia se complica. Mientras las investigaciones continúan, se espera que el exfuncionario enfrente severas consecuencias si las acusaciones de corrupción y otros delitos se confirman. Las autoridades ahora están concentradas en esclarecer cómo se gestionaron las contrataciones en el Congreso y si hubo un uso indebido de los recursos públicos.

El caso de Torres Saravia es un recordatorio de los riesgos de la corrupción en las instituciones del Estado y de cómo, a pesar de los esfuerzos por mantener la integridad de las instituciones, ciertos actores continúan desafiando las normas y comprometiendo la confianza pública.