La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha presentado dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra las leyes N° 32107 y N° 32130, las cuales, según su criterio, "interfieren con la independencia de la labor fiscal" y ponen en riesgo la autonomía de la Fiscalía de la Nación.

El Ministerio Público, a través de sus redes sociales, informó sobre las demandas interpuestas, argumentando que ambas normativas, aprobadas durante el año 2024 por el Congreso de la República, afectan de manera grave el ejercicio de sus funciones.

¿Cuáles son las leyes y sus implicaciones?

Las leyes cuestionadas son las siguientes:

1. Ley N° 32107: Esta ley fue publicada en agosto de 2024 y establece los alcances y la aplicación del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra. Uno de sus puntos más controvertidos es que establece que “nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002”. Según el Ministerio Público, este aspecto vulnera la autonomía del Ministerio Público, ya que, según Espinoza, limita la capacidad de la Fiscalía para ejercer su función de investigación y persecución de estos delitos.

2. Ley N° 32130: Aprobada en octubre de 2024, esta ley modifica el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957), otorgando a la Policía Nacional del Perú la responsabilidad de realizar la investigación preliminar de los delitos. En este marco, el fiscal definiría la estrategia jurídica, mientras que la Policía Nacional tendría la estrategia operativa en la investigación del delito. Espinoza considera que este cambio afecta la autonomía del Ministerio Público, al restarle competencias y autoridad en el proceso de investigación y determinación de las estrategias jurídicas en los casos.

Ambas leyes, argumenta la fiscal, afectan la autonomía e independencia de la Fiscalía, que, según la Constitución, debe tener un papel imparcial y autónomo en el proceso de investigación y persecución de los delitos. La Fiscalía tiene el mandato de actuar sin interferencias externas, ya sea del poder político o de otras entidades.

Con estas demandas, Delia Espinoza busca que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de las leyes en cuestión, protegiendo de esta manera la independencia y autonomía del Ministerio Público, esenciales para el adecuado funcionamiento de la justicia en el país.

Este tema ha generado gran debate en el ámbito legal y político, ya que, por un lado, se argumenta que estas modificaciones pueden mejorar la eficiencia en la investigación de delitos, pero, por otro, se teme que se pongan en riesgo principios fundamentales de la justicia.