Este lunes, la Municipalidad de Magdalena desmintió las declaraciones de Isabel Cajo, trabajadora parlamentaria, quien había denunciado haber sido víctima de un robo de celular el 27 de diciembre del año pasado mientras paseaba por el distrito. La abogada, que está involucrada en un escándalo vinculado a una presunta red de prostitución en el Congreso, había señalado que un delincuente la abordó y le arrebató el móvil mientras caminaba por las calles.

Sin embargo, las cámaras de seguridad de la comuna contradicen esta versión. En un comunicado oficial, la municipalidad afirmó que "no hubo robo ni incidente alguno", y que los videos muestran a Cajo paseando tranquila, primero sola y luego acompañada de otra persona, junto a su mascota.

El escándalo que envuelve a Cajo y su vinculación con el Congreso

El incidente ocurre en medio de la controversia en torno a Cajo, quien se encuentra en el centro de un escándalo más amplio relacionado con una presunta red de prostitución en el Congreso. La trabajadora parlamentaria, quien no posee el título de bachiller, fue contratada como personal de confianza en el despacho del congresista Edwin Martínez, con un salario superior a los 7.000 soles. Anteriormente, Cajo trabajó en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, donde estuvo bajo la dirección de Jorge Torres Saravia, señalado como uno de los responsables de esta red.

Renuncia del alcalde de Magdalena y críticas sobre la falta de transparencia

En medio de la controversia, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, presentó su renuncia a la militancia de Alianza para el Progreso (APP), partido que también ha sido señalado en el marco del escándalo. El edil comunicó que pondría a disposición de las autoridades la información de las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

El congresista no agrupado Carlos Zeballos, miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso, cuestionó la falta de transparencia en la investigación y la lentitud en la entrega de documentos clave, como los informes del Congreso y las grabaciones de videovigilancia. Zeballos también criticó la falta de filtros en los procesos de contratación dentro del Congreso, lo que, según él, ha permitido que personas cuestionadas lleguen a ocupar cargos públicos.

El asesinato de Andrea Vidal y la investigación en el Congreso

La situación se agrava aún más con la investigación abierta tras el asesinato de Andrea Vidal, una abogada que trabajaba en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y que, según algunos informes, podría haber estado vinculada a la red de prostitución que se investiga. Vidal fue asesinada en el distrito de La Victoria mientras viajaba en un taxi, y su muerte se suma a la serie de hechos que envuelven a varios funcionarios del Congreso.

De acuerdo con reportajes periodísticos, Torres Saravia, exfuncionario del Congreso, contrataba mujeres sin los requisitos adecuados para cargos parlamentarios, pero que en realidad trabajaban en actividades ilícitas dentro de la sede legislativa. Además, se menciona que Torres Saravia organizaba fiestas con altos funcionarios del Congreso, donde grababa y fotografiaba a las asistentes, entre las que se encontraba Cajo.