El exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, continúa en prisión preventiva luego de que el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazara su solicitud de variación de la medida cautelar. Hurtado está involucrado en una trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos, y su defensa había argumentado su arraigo domiciliario y condiciones de salud como razones para solicitar su liberación.

Rechazo del cese de prisión preventiva

El magistrado Checkley evaluó los documentos presentados por la defensa de Hurtado, incluidos el DNI de su hija menor y otras constancias de estudios, pero determinó que no constituían elementos nuevos que justifiquen una variación de la medida cautelar. El juez recordó que las condiciones de salud de Hurtado, que incluyen diabetes e hipertensión, pueden ser tratadas de manera ambulatoria, y no requieren que se le otorgue la libertad.

Hurtado se encuentra encarcelado desde octubre del año pasado. A fines de diciembre, el Poder Judicial dictó una segunda prisión preventiva en su contra por nueve meses, tras las revelaciones sobre su supuesta intervención para facilitar trámites a favor del futbolista Roberto Siucho en 2019.

Interrogatorio clave y posibilidad de colaboración eficaz

La Fiscalía ha programado un interrogatorio clave para el expresentador Andrés Hurtado el miércoles 8 de enero a las 11:00 horas en el penal de Lurigancho, donde se encuentra recluido. Esta diligencia podría ser crucial para que Hurtado considere acogerse a la figura de colaboración eficaz, con la que podría mitigar su situación legal a cambio de proporcionar información valiosa para la investigación.

El abogado de Hurtado ha señalado que la posibilidad de colaboración eficaz sigue siendo una opción, aunque considera que no es viable en este momento debido a la información que posee el exconductor. Sin embargo, subraya que su testimonio podría ser relevante para investigar a otros funcionarios implicados en la red de corrupción.

Procuraduría General del Estado solicita reparación civil

En otro avance significativo, el Poder Judicial evaluará si se incluye a la Procuraduría General del Estado (PGE) como parte agraviada en el caso. La PGE ha solicitado una reparación civil de 6 millones de soles, que debería ser pagada de manera solidaria por Hurtado, el empresario Javier Miu Lei, el confesor Iván Siucho y la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, todos involucrados en el presunto esquema de corrupción.

Cargos contra los implicados

La magistrada Elizabeth Peralta sigue con un mandato de prisión preventiva de 18 meses en el penal de Chorrillos, mientras que los otros implicados, Miu Lei y Siucho, enfrentan las investigaciones en libertad bajo comparecencia. Peralta, quien es acusada de recibir sobornos y de ofrecer influencias para detener investigaciones, ha descartado acogerse a la colaboración eficaz, a pesar de los cargos en su contra.

Además, Hurtado y otros implicados están siendo investigados por la solicitud de 100,000 dólares a la familia de Iván Siucho, para frenar una investigación. El Ministerio Público tiene evidencia del pago de 20,000 dólares como parte de la transacción.