El Ministerio Público, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra varios congresistas peruanos por el presunto uso indebido de fondos públicos. Los acusados habrían viajado en febrero de 2023 con boletos aéreos financiados por el Congreso, con el objetivo de participar en una fiesta de cumpleaños en Trujillo, organizada por el legislador Diego Bazán.

Entre los implicados se encuentran los congresistas Kira Alcarraz (Podemos Perú), María del Carmen Alva (no agrupada), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Edward Málaga Trillo (Avanza País), Arturo Zeballos (Renovación Popular) y Diego Bazán (Renovación Popular). La denuncia también alcanza a Rosangela Barbarán (Fuerza Popular), quien intentó viajar al evento, pero no lo hizo por "motivos personales".

Detalles de la denuncia
De acuerdo con la Fiscalía, los congresistas habrían utilizado recursos del Estado para cubrir sus boletos aéreos con fines privados, participando en un evento que no tendría relación con sus funciones parlamentarias. Esta denuncia ha generado una controversia sobre el uso de fondos públicos para actividades personales de los legisladores.

Caso Luciana León
La Fiscalía también presentó una denuncia constitucional contra la excongresista Luciana León, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. La denuncia se refiere a hechos ocurridos entre 2018 y 2019, cuando León habría ofrecido interceder ante funcionarios públicos y miembros del Partido Aprista Peruano a cambio de favores económicos.

Luciana León está siendo investigada por su posible vinculación con la organización criminal 'Los intocables ediles de La Victoria'. Esta red, operativa en el distrito de La Victoria en Lima, se dedicaba al cobro ilegal de cupos a comerciantes ambulantes y otras actividades ilícitas. La exparlamentaria habría recibido entre 15,000 y 30,000 soles mensuales por facilitar el sobrecosto de obras y otros servicios públicos en el distrito, según el Ministerio Público.

El caso de León se remonta a 2018, cuando la Policía Nacional del Perú desarticuló una red corrupta que operaba en la Municipalidad de La Victoria. El caso sigue en investigación, y la excongresista fue previamente impedida de salir del país en 2020, aunque esta medida fue levantada en 2024.

Ambos casos subrayan la preocupación por el uso indebido de los recursos públicos por parte de algunos legisladores y exlegisladores peruanos.