Un escandaloso robo sacude al Poder Judicial. Presuntos trabajadores de la institución sustrajeron los procesadores de 173 computadoras recién adquiridas el año pasado, un hecho que se habría llevado a cabo con una sorprendente precisión y de manera sistemática, según informó este domingo el programa Panorama. El valor total del hurto ascendería a casi medio millón de soles.

El robo se produjo entre enero y noviembre de 2024, durante el almacenamiento de 347 computadoras de escritorio que el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, había adquirido por 1.3 millones de soles. Estas computadoras, destinadas a agilizar los procesos judiciales, fueron entregadas en noviembre, pero ya se encontraban incompletas en la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Allí, los funcionarios descubrieron que 108 de las máquinas no tenían sus procesadores, piezas clave para su funcionamiento.

El modus operandi de los ladrones parece haber sido bien planificado. Aprovechando que los equipos permanecieron almacenados en el Poder Judicial, ubicado en el Cercado de Lima, sustrajeron los procesadores sin levantar sospechas. Las cámaras de seguridad, a pesar de estar activas, no registraron ningún detalle de los robos, lo que sugiere una posible manipulación de las mismas, como indicó Susana Silva, jefa del Gabinete del Poder Judicial.

"El servicio de vigilancia y las cámaras estaban operativos, pero no se registraron los momentos en que se produjeron los robos. Es decir, presuntamente hubo una manipulación", comentó Silva en el reportaje.

El escándalo crece aún más cuando se revela que en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, especializada en la corrupción de funcionarios, se cambiaron los procesadores de otras 65 computadoras y se les colocaron unidades obsoletas, lo que profundiza las sospechas de una red interna de corrupción.

A pesar de que las autoridades del Poder Judicial ya conocían el robo de los procesadores, el 12 de diciembre, Javier Arévalo, entonces presidente de la entidad, celebró una ceremonia "simbólica" para repartir las computadoras entre las distintas sedes judiciales.

Este robo no solo pone en evidencia las fallas internas del sistema de seguridad del Poder Judicial, sino que también revela una grave crisis de corrupción que amenaza con desacreditar aún más la ya cuestionada imagen de esta institución.