La disputa entre el Congreso y el Ejecutivo crece en medio de la discusión sobre la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia. A tan solo horas de que venza el plazo para que el Ejecutivo se pronuncie sobre la autógrafa de ley, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró que la norma fue observada y enviada al Congreso para su reconsideración. Sin embargo, el Congreso desmintió esa afirmación, asegurando en un comunicado que hasta las 6:18 p.m. del lunes 13 de enero no había recibido dicha observación.

La declaración de Adrianzén fue realizada en el marco del foro MUNI Ejecutivo Alcaldesas, donde el premier justificó el retraso en el envío de la observación por un exhaustivo análisis técnico. En cambio, el Congreso, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, señaló que la autógrafa aún no llegaba a sus manos, lo que genera incertidumbre, pues de no recibir la observación dentro del plazo establecido (14 de enero de 2025), la norma se promulgaría por insistencia.

“El Congreso de la República informa que, siendo las 6:18 horas de la tarde, no ha llegado la observación a la autógrafa de la ley que restituye y modifica el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal”, indicó el comunicado.

Una ley polémica

La Ley N.º 32181, promulgada el 11 de diciembre de 2024 por la presidenta Dina Boluarte, eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia, lo que generó un amplio debate. La medida fue vista como un obstáculo para investigaciones complejas, como las de corrupción y crimen organizado, ya que restringía la capacidad de actuar ante indicios razonables sin necesidad de pruebas inmediatas.

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Ante las críticas, el Congreso aprobó el 14 de diciembre una ley para restituir la detención preliminar en estos casos, con el objetivo de permitir que los jueces actúen ante sospechas fundadas. La nueva norma fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, pero ahora, con la contradicción entre el Congreso y el Ejecutivo, surge la incertidumbre sobre su futuro.

Críticas y defensas

La ley ha generado polémica. Por un lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, advirtió que la norma favorece a figuras vinculadas al actual Gobierno, como el prófugo Nicanor Boluarte y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Burgos los acusó de intentar eludir la justicia y calificó al gobierno de ser un “gobierno de la impunidad”.

Por otro lado, la parlamentaria Patricia Juárez defendió la ley, argumentando que su objetivo es evitar abusos en el sistema judicial, citando el caso de Agustín Lozano, quien fue detenido por acusaciones graves pero liberado por falta de pruebas. Sin embargo, fiscales como Víctor Cubas señalaron que esta reforma representa un retroceso en la lucha contra el crimen organizado, ya que muchos delitos complejos no ocurren en flagrancia y requieren investigaciones prolongadas.

Con el plazo de observaciones por vencer, el Congreso y el Ejecutivo siguen enfrentados, mientras la incertidumbre persiste sobre el futuro de una ley que tiene implicaciones profundas para el sistema judicial del país.