A fines de noviembre de 2024, tras la detención preliminar de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), tres miembros de su Junta Directiva renunciaron, dejando sus puestos vacíos. Raúl Bao, Juan Enrique Dupuy y Gisella Mandriotti fueron reemplazados por Freddy Ames, Claudio Limaylla y Gabriela Moreno, esta última, árbitro en actividad. Sin embargo, la designación de Moreno ha generado una interrogante importante: ¿existe un conflicto de interés en su nombramiento, teniendo en cuenta las normativas de FIFA?

Según los estatutos de la FPF, se exige que la Junta Directiva tenga una mujer entre sus miembros, pero no especifica qué sucede si el nombrado es árbitro en actividad. El artículo 8 del reglamento FIFA establece que los árbitros no pueden ocupar cargos oficiales dentro de una federación o comité ejecutivo mientras estén en ejercicio. La norma fue emitida por Mattias Grafström, actual secretario general de FIFA, en septiembre de 2024.

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) ya se pronunció sobre el tema. Winston Reátegui, presidente de la CONAR, calificó la situación de Moreno como un "claro conflicto de interés". En diálogo con RPP, Reátegui indicó que, tras revisar la normativa de FIFA, la posición de la CONAR es firme, aunque decidieron elevar la consulta a la Oficina de Integridad y Ética de la FPF para asegurar el cumplimiento de las normativas.

Reátegui también aseguró que Gabriela Moreno ya está al tanto de la postura de la CONAR y debe decidir si continuará como árbitro internacional o como parte de la Junta Directiva de la FPF en 2025. El presidente de la CONAR subrayó que este tipo de decisiones buscan garantizar la transparencia dentro del arbitraje peruano.

Con la situación aún en revisión, el caso de Gabriela Moreno podría sentar un precedente importante en la relación entre el arbitraje y los órganos directivos del fútbol peruano.