La presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fueron demandados por observar una ley que buscaba restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. La acción fue promovida por la congresista Ruth Luque, integrante del Bloque Democrático Popular, quien argumentó que los altos funcionarios habrían vulnerado principios fundamentales establecidos en la Constitución peruana.

La legisladora señaló que la observación de la norma se realizó de manera tardía, y que la decisión del Ejecutivo podría haber favorecido a personas cercanas a la presidenta Boluarte. Entre los presuntos beneficiarios mencionados se encuentran su vocero, Fredy Hinojosa, y su hermano, Nicanor Boluarte.

Ante esto el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió por las presuntas irregularidades en la elaboración de las observaciones que hizo el Ejecutivo a la ley que restituía la detención preliminar en casos de no flagrancia.

“Me parece inverosímil, la verdad”, señaló ante la prensa sobre dicha denuncia que también alcanza a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Adrianzén sostuvo que “el cumplimiento de funciones dentro de los plazos establecidos por la ley” no tiene por qué ser generador “de ningún tipo de responsabilidad administrativa ni funcional” y mucho menos “una pretendida responsabilidad que derive de una infracción constitucional”.

Adrianzén aseguró que todas las actividades y actos administrativos que se suscriben en el Consejo de Ministros “están apegados estrictamente a lo que dice la Constitución y la ley”.

“No dudo que por su naturaleza esta denuncia constitucional será archivada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, afirmó.