El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. La demanda tenía como objetivo que se definiera bajo qué circunstancias un jefe de Estado puede ser acusado, en particular en relación con el artículo 117 de la Constitución que regula las causas por las cuales un presidente puede enfrentar acusaciones.

El artículo 117 establece que la acusación contra un presidente solo puede ocurrir por razones específicas, como "traición a la Patria", "impedir las elecciones", o "disolver el Congreso" en los casos establecidos por el artículo 134 de la Constitución, entre otros.

Decisión del Tribunal Constitucional

El TC adoptó esta decisión al determinar que no existía una autorización expresa de parte de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que el presidente del Consejo de Ministros interpusiera la demanda competencial. En consecuencia, el Tribunal concedió al Poder Ejecutivo un plazo de cinco días hábiles para subsanar esta omisión, bajo el apercibimiento de declarar la demanda improcedente si no se cumplía con este requisito.

Contexto de la Demanda

El Consejo de Ministros había acordado, el 17 de mayo de 2024, presentar esta demanda competencial por unanimidad, argumentando que se había producido un “menoscabo” en el ejercicio adecuado de las funciones de la presidenta Dina Boluarte debido a las intervenciones del Ministerio Público en temas relacionados con el Ejecutivo. La demanda finalmente fue presentada el 7 de agosto de 2024.

En relación con esta acción legal, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, destacó que la demanda no busca hacer intocable al Ejecutivo, sino que está dirigida a preservar las funciones constitucionales de los presidentes futuros, evitando que su ejercicio se vea limitado por llamados de la Fiscalía.