La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles la esperada reforma a la ley de pensiones impulsada por el presidente Gabriel Boric, que crea un sistema mixto de pensiones. Esta reforma, que ya había sido aprobada por el Senado, ahora está lista para ser promulgada por el mandatario. El nuevo sistema incorpora tres fuentes de financiamiento: el ahorro individual, los aportes del Estado y los provenientes de los empleadores.

Una de las principales características de esta reforma es la cotización adicional del 7% a cargo de los empleadores, que se destinará tanto a la capitalización individual como al seguro social. Además, se introduce la creación de un Seguro Social y se incrementa gradualmente el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU). La PGU, que actualmente es de US$ 216, aumentará a US$ 252, comenzando con los mayores de 82 años, en un proceso que se extenderá a otros grupos de edad en los próximos 30 meses.

Otro de los objetivos de la reforma es fomentar la competencia entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para que ofrezcan mejores condiciones a los trabajadores en la administración de sus ahorros.

Una larga discusión
La aprobación de esta reforma es el resultado de más de dos años de discusiones, iniciadas en noviembre de 2022. A lo largo de este tiempo, se hicieron modificaciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hasta llegar a un acuerdo definitivo. Gabriel Boric, en un mensaje a través de la red social X, celebró la aprobación de esta reforma, destacando su carácter "histórico" y reconociendo los sacrificios hechos por todas las partes involucradas para llegar a un acuerdo.

Las críticas
Aunque la reforma logró el apoyo necesario —con al menos 77 votos de los 155—, no fue aprobada de manera unánime. Luis Sánchez, diputado y líder de la bancada del Partido Republicano, votó en contra y cuestionó la constitucionalidad de la reforma. Por otro lado, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) expresó preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema, advirtiendo que los efectos de la reforma podrían no ser evidentes de inmediato, pero sus costos los pagarían futuras generaciones de pensionados.