

El ministro del Interior de Perú, Juan José Santiváñez, presentó una denuncia administrativa ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acusándola de violación de derechos fundamentales tras solicitarle acceso a su cuenta de iCloud. La denuncia se enmarca dentro de una investigación penal en la que el ministro es señalado por presunto abuso de autoridad.
En la providencia N° 70, emitida el 14 de enero, la Fiscalía otorgó un plazo de 48 horas a Santiváñez para que entregara su chip de teléfono y la contraseña de su cuenta de iCloud, con el fin de poder leer, visualizar y extraer archivos contenidos en el dispositivo móvil. La solicitud también incluía la transcripción e impresión de mensajes, audios, imágenes y otra información relevante. Sin embargo, el ministro denunció que esta exigencia violaba su derecho a la intimidad, ya que, según él, su cuenta de iCloud contiene datos personales altamente sensibles, como información bancaria, detalles familiares y otros datos privados que no deberían ser de acceso para el Ministerio Público.
Santiváñez defendió su postura señalando que solo el Poder Judicial tiene la facultad de autorizar el acceso a información personal de este tipo. El ministro criticó duramente a la fiscal Espinoza, calificando su solicitud como un abuso de poder y una infracción a su derecho a la privacidad.
Al entregar el iPhone 15 Pro de manera voluntaria para su investigación, Santiváñez reseteó el dispositivo y eliminó el chip, lo que impidió a la Fiscalía acceder directamente a su información. Sin embargo, la solicitud de la fiscalidad de la Nación de acceder a los datos en iCloud fue lo que generó el conflicto, al ser visto como un intento por acceder a datos personales confidenciales sin su consentimiento.
El contexto de la denuncia se da en el marco de la investigación que se le sigue al ministro Santiváñez por presunto abuso de autoridad, relacionado con una conversación grabada en la que se le escucha hablar sobre el control de un periodista. La Fiscalía considera este caso como parte de su esfuerzo por combatir la inseguridad ciudadana, mientras que el ministro afirma que no se han presentado pruebas suficientes en su contra.
Con la denuncia presentada, será ahora responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia determinar si las acusaciones contra la fiscal de la Nación son fundadas y si procede abrir un procedimiento disciplinario contra Delia Espinoza. Este caso genera gran interés, pues involucra a altos funcionarios del gobierno y pone en evidencia las tensiones entre la fiscalía y el Ministerio del Interior en un contexto de investigaciones por abuso de autoridad.