La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, se pronunció recientemente sobre el alcance de los derechos humanos en un evento organizado por el Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, donde se presentó la Maestría en Derechos Humanos. En su intervención, la mandataria cuestionó el trabajo de las ONG y abordó la relación de su gobierno con la defensa de las garantías fundamentales, especialmente en el contexto de las protestas que tuvieron lugar al inicio de su mandato.

Boluarte enfatizó que la maestría tiene como objetivo formar ciudadanos defensores del Estado de derecho, subrayando que el programa no busca formar “activistas extremistas”, sino líderes con pensamiento crítico que respeten las instituciones y promuevan el orden democrático.

Críticas a las ONG y su relación con los derechos humanos

En su discurso, la presidenta también lanzó fuertes críticas a las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, acusándolas de priorizar la defensa de criminales y de abandonar a los miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Según Boluarte, estas organizaciones habrían utilizado el discurso de los derechos humanos de manera ideológica para socavar la autoridad del Estado.

"No podemos permitir que el discurso de los derechos humanos sea utilizado como un arma ideológica para socavar la autoridad, el estado y deslegitimar el principio del orden. No podemos permitir que los derechos humanos sean privilegios de los criminales", expresó la mandataria, refiriéndose a las protestas y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante su gobierno.

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Boluarte también alertó sobre un presunto “uso indebido de los derechos humanos” en varios países, señalando que, en algunos casos, se ha empleado este concepto para desestabilizar la democracia y debilitar la soberanía nacional.

La controversia en torno a las muertes durante las protestas

Desde que asumió la presidencia, Dina Boluarte ha enfrentado fuertes críticas debido a la represión de las protestas que estallaron a fines de 2022. Amnistía Internacional y otras organizaciones han señalado que el gobierno es responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones, que resultaron en numerosas muertes y heridos. Según un informe de Amnistía Internacional, tanto la presidenta como sus ministros podrían enfrentar responsabilidades penales por las decisiones que tomaron, las cuales tuvieron consecuencias letales.

"Las decisiones tomadas por la presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú fueron responsables de las muertes ocurridas", indicó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Resistencia a los llamados internacionales

A pesar de las críticas y las solicitudes de organismos internacionales, el gobierno de Boluarte ha mostrado resistencia a reconocer la magnitud de los hechos, adoptando una postura en la que calificó a los manifestantes de “violentistas” y “terroristas” en varias ocasiones. Incluso, aunque la presidenta ofreció disculpas a la nación en 2023, hasta el momento no ha asumido responsabilidad por las muertes, sino que se ha limitado a justificar los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, la falta de oposición del gobierno frente a las leyes que vulneran los derechos humanos, como la amnistía a sentenciados por delitos de lesa humanidad, ha aumentado la controversia sobre su enfoque hacia los derechos fundamentales.

Visión sobre los derechos humanos

La postura de Dina Boluarte respecto a los derechos humanos ha sido cuestionada desde su ascenso al poder, principalmente por su enfoque en la seguridad y el orden, en lugar de reconocer la necesidad de una mayor protección de las garantías fundamentales frente a la represión. Según la mandataria, los derechos humanos deben garantizar la libertad individual, el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica, y no deben ser utilizados como excusa para justificar el caos y la impunidad.

En medio de este debate, la presidenta mantiene su compromiso con la defensa del Estado de derecho, pero su discurso ha generado una creciente división entre los defensores de los derechos humanos y el enfoque de seguridad adoptado por su gobierno.