José Ugaz, abogado del expresidente Francisco Sagasti, anunció que el exmandatario no descarta acudir a la justicia supranacional si el pleno del Congreso de la República decide inhabilitarlo por diez años para ocupar cargos públicos. Esta declaración surge tras la aprobación por parte de la Comisión Permanente del Congreso de un informe que recomendaba acusar a Sagasti por una presunta infracción constitucional y abuso de autoridad.

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En el programa Las cosas como son de RPP, Ugaz afirmó que, a pesar de las acusaciones, Sagasti se sometería a los procedimientos establecidos por la ley, pero subrayó que si las decisiones tomadas a nivel nacional resultaran en una "decisión ilegal", el exmandatario recurriría a las instancias internacionales.

La acusación contra Francisco Sagasti se basa en la emisión de resoluciones en noviembre de 2020, que habrían dispuesto de manera “arbitraria e ilegal” el pase al retiro de tres tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), además de la designación de un nuevo comandante general de la institución.

En defensa de Sagasti, el abogado explicó que, como presidente y jefe supremo de las Fuerzas Policiales, el exmandatario estaba facultado para tomar estas decisiones en el marco del artículo 8 de la Ley de la Policía, que contempla un “régimen excepcional” para la designación del comandante general. Ugaz detalló que, en situaciones excepcionales, el presidente puede elegir a un oficial que no esté dentro de los tres más antiguos en el escalafón, y que esa determinación puede implicar el pase al retiro de los más antiguos, sin que esto sea considerado una sanción ni un abuso de autoridad.

El abogado también destacó que el Tribunal Constitucional, en resoluciones de 2012 y 2015 sobre casos similares, ha establecido que está dentro de la discrecionalidad presidencial decidir sobre el pase a retiro de oficiales de la policía. “El pase a retiro por esta razón no es un agravio ni un daño a nadie”, afirmó Ugaz.

Con esto, el abogado refuerza la postura de que no existe base legal para acusar a Francisco Sagasti de abuso de autoridad, dado que la decisión tomada no causó perjuicio alguno a las personas afectadas.

Este caso sigue siendo un tema de controversia, con la posibilidad de escalar a instancias supranacionales si las decisiones tomadas a nivel nacional son consideradas ilegales por el expresidente.