Un grupo de juristas y políticos ha ampliado la denuncia presentada en agosto de 2024 contra la presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios de su gobierno ante la Corte Penal Internacional (CPI), debido a nuevos elementos relacionados con las muertes durante las protestas antigubernamentales de fines de 2022 e inicios de 2023. La denuncia, que inicialmente se centraba en las muertes de 49 personas, ahora busca incluir información adicional surgida en los últimos meses sobre la conducta de las autoridades implicadas.

Más de seis meses de lucha por justicia

A más de seis meses de la primera denuncia, un grupo de personajes políticos y jurídicos como Walter Albán, Mirtha Vásquez, Mesías Guevara, Harold Forsyth, Indira Huilca y Sonaly Tuesta, entre otros, anunciaron la ampliación del alcance de la denuncia. La ampliación responde a la necesidad de actualizar los hechos y las pruebas sobre lo ocurrido, y cumplir con los requisitos jurídicos establecidos por la CPI.

“Esto nos obliga a actualizar la denuncia con estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos”, señalaron los denunciantes en una carta obtenida por RPP.

Sin condenas y sin juicio

Los denunciantes subrayaron que hasta el momento nadie ha sido condenado por los "abominables ilícitos penales" cometidos durante las protestas, y que el caso aún no ha sido llevado a juicio. La denuncia también destaca el apoyo de organizaciones internacionales para promover la creación de una Comisión de la Verdad, que permita determinar la magnitud de los hechos y contribuir a identificar a todos los responsables.

“El patriotismo no es amor a la tierra sino a la justicia”, concluyó el escrito, citando a Manuel González Prada.

Fundamentos y apoyo internacional

Los fundamentos de la denuncia original se basaron en informes de países y organismos internacionales, incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Estos informes respaldan la acusación de graves violaciones de los derechos humanos durante las protestas.

Los denunciantes también afirmaron que el país atraviesa “una de las etapas más críticas de nuestra historia, caracterizada por una severa afectación de los principios de la democracia representativa”.