El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se encuentra en el centro de una investigación por presuntos actos de corrupción durante su etapa como abogado. Dos testigos protegidos denunciaron que Santiváñez habría recibido sobornos de sus clientes para influir ilegalmente en decisiones judiciales, en una serie de coimas destinadas a fiscales y jueces.

Según el programa Cuarto Poder, los testimonios presentados ante la Fiscalía vinculan al actual ministro con sobornos de hasta 60 000 dólares para manipular un habeas corpus relacionado con el caso de Escuadrón de la Muerte. El testigo N.º 01-2025 relató que Santiváñez le habría solicitado esa cantidad de dinero para "arreglar" con los jueces encargados de resolver el habeas corpus de un capitán de la Policía Nacional.

"Entre llantos, le contó que Juan José Santiváñez le pidió US$ 60,000 para asegurar que los jueces fallaran a favor de su familiar", explicó el testigo, quien también mencionó a Enma Benavides Vargas, exjueza y hermana de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, como una de las principales intermediarias en estos arreglos dentro del Poder Judicial.

El testimonio reveló que el pago de la coima se habría efectuado en dos partes: 30 000 dólares a una cuenta personal de Santiváñez y otros 30 000 dólares entregados en efectivo. Sin embargo, el acuerdo no se cumplió, ya que los habeas corpus fueron finalmente rechazados.

En otro testimonio, el testigo N.º 02-2025 detalló cómo Santiváñez habría ordenado averiguar los nombres de los jueces a cargo del habeas corpus, buscando influir en ellos para obtener la libertad de su cliente.

Otro presunto acto ilícito involucra al exgeneral PNP Héctor Javier Amesquita, quien, según los testigos, habría entregado S/64 000 a Santiváñez para evitar una medida coercitiva en su proceso penal relacionado con la compra irregular de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. El pago habría sido realizado en las instalaciones del estudio de abogados de Santiváñez, y uno de los testigos incluso detalló cómo fue entregada la suma de S/60 000 en efectivo en el año 2020.

El reportaje también menciona a Yessenia Stefany de la Cruz Rivas, administradora del estudio de abogados de Santiváñez, quien habría colaborado en la ocultación de dinero ilícito. Según el testigo N.º 02-2025, la administradora tenía conocimiento de las actividades ilegales y también habría sido involucrada en la protección de dispositivos electrónicos con información comprometedora relacionada con las transacciones ilícitas.

En respuesta a estas graves acusaciones, Palacio de Gobierno y el abogado de Santiváñez, Juan Carlos Portugal, han negado las imputaciones, asegurando que el ministro no participó en las actividades descritas por los testigos. Sin embargo, la investigación continúa bajo la supervisión del Ministerio Público.