A una semana del devastador incendio en Barrios Altos, que se originó en un almacén de plásticos y sigue sin ser completamente controlado, el gobierno peruano ha declarado en estado de emergencia la zona afectada para proporcionar apoyo a los damnificados y agilizar la intervención de las autoridades. Sin embargo, el incidente ha revelado una problemática legal que complica la fiscalización y clausura de establecimientos en Lima, en particular, debido a la Ley N.º 31914 aprobada por el Congreso de la República en octubre de 2023.

La ley que limita las clausuras

Mario Casaretto, vocero de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), explicó que la Ley N.º 31914, promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, establece que las municipalidades solo pueden clausurar temporalmente los establecimientos en áreas de riesgo, pero con la obligación de levantar dicha clausura en un plazo de 48 horas. Según Casaretto, esto ha generado una traba administrativa que dificulta el trabajo de la municipalidad para evitar siniestros como el ocurrido en Barrios Altos. "La MML cumple con multar y clausurar, pero debido a la ley, no puede intervenir de forma definitiva", indicó.

¿Por qué no se clausuró definitivamente el almacén en Barrios Altos?

El almacén en cuestión, donde se originó el incendio, había sido clausurado en múltiples ocasiones. Sin embargo, debido a la "verificación judicial" que permite a los establecimientos operar mientras el Poder Judicial decide sobre su situación, el inmueble continuó funcionando sin problemas. Casaretto comentó que esta modalidad judicializada permite a los comerciantes seguir operando, lo que ha dificultado el control de actividades ilegales en la zona.

Acciones judiciales que dificultan la fiscalización

El vocero de la MML también mencionó que los comerciantes de estos inmuebles, al enfrentarse a clausuras, suelen recurrir al Poder Judicial, interponiendo acciones de amparo o medidas cautelares que suspenden las clausuras y permiten seguir operando hasta que el caso se resuelva. Este proceso judicial puede demorar semanas o meses, durante los cuales las municipalidades no tienen autoridad para intervenir. "Mientras el proceso legal está en curso, las autoridades municipales están 'atadas de manos'", explicó Casaretto.

El impacto de la Ley N.º 31914

La ley, que fue aprobada por el Congreso a finales de 2023, limita la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar un control efectivo sobre las construcciones en Lima, en particular, en áreas de alto riesgo como Barrios Altos. Casaretto hizo un llamado al Congreso para que se derogue esta ley, que, según él, ha hecho más difícil el trabajo de fiscalización en la capital. "Lo que estamos pidiendo es que el Congreso actúe y modifique esta ley para que las municipalidades puedan ejercer su función de control sin obstáculos legales", manifestó.

Lecciones del caso Real Plaza Trujillo

Este incidente no es el primero que revela las fallas en el sistema de fiscalización. La misma Ley N.º 31914 fue criticada por limitar la fiscalización en el caso del Real Plaza Trujillo, donde un colapso en el techo del patio de comidas provocó la muerte de seis personas y dejó más de ochenta heridos. La ley, que favorece la temporalidad de las clausuras, generó controversias debido a su impacto en la seguridad de los ciudadanos y la falta de control en centros comerciales y edificios de riesgo.

La solicitud de reforma

En respuesta a los desafíos que enfrenta la Municipalidad Metropolitana de Lima, Casaretto hizo un llamado urgente a modificar las leyes que han limitado la capacidad de fiscalización. Según él, la judicialización de las clausuras ha permitido que muchos almacenes y edificaciones en zonas de alto riesgo sigan operando sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad.

"El Congreso es el único que puede cambiar este sistema, tanto judicial como municipal. Es urgente que actúe para corregir esta ley que está afectando la capacidad de las autoridades locales para proteger a los ciudadanos", concluyó Casaretto.