

El Ministerio Público de Perú ha alertado sobre la posibilidad de perder más de 42 millones de dólares asociados al expresidente Alejandro Toledo, debido a un proyecto de ley en discusión en el Congreso de la República. Este proyecto de ley, denominado 3577/2022-CR, propone una modificación al Decreto Legislativo 1373, que regula la extinción de dominio en el país, y podría poner en riesgo el proceso judicial relacionado con los bienes adquiridos presuntamente con fondos ilícitos.
El proyecto de ley, aprobado en primera votación en diciembre de 2023, establece cambios en el procedimiento de extinción de dominio, permitiendo que el Estado recupere bienes adquiridos con recursos ilegales, aunque no exista una sentencia penal firme. Sin embargo, la nueva propuesta cambiaría esta dinámica, estipulando que la extinción de dominio solo sería posible después de una sentencia penal firme. Esto afectaría directamente la recuperación de los bienes vinculados a Alejandro Toledo y su círculo cercano.
Los bienes vinculados al expresidente y su familia incluyen propiedades inmobiliarias ubicadas en zonas exclusivas de Lima, como Las Casuarinas, Punta Sal, y Camacho, valoradas en más de 5 millones de dólares. Además, se encuentran bajo investigación una suma de 42,237.70 dólares depositada en una cuenta bancaria a nombre de Eva Rose Fernenbug, suegra de Toledo, que según la Fiscalía provienen de los sobornos recibidos por el exmandatario.
Estas propiedades y fondos forman parte de una investigación relacionada con el caso de Odebrecht, la constructora brasileña implicada en la trama de corrupción que favoreció a Toledo con la adjudicación de obras viales, como el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú–Brasil (IIRSA Sur).
Si el proyecto de ley es aprobado definitivamente, podría invalidar las acciones judiciales en curso sobre los bienes de Alejandro Toledo, incluyendo las incautaciones de propiedades. La Fiscalía teme que esta modificación afecte el proceso de recuperación de fondos y bienes adquiridos ilícitamente.
Verónica Zambrano, presidenta del Ositrán, subrayó que si el proyecto avanza, las investigaciones de extinción de dominio se verán gravemente dificultadas, ya que existen evidencias suficientes para proceder con la incautación, aunque aún no haya una sentencia definitiva.
El expresidente Alejandro Toledo continúa enfrentando serias acusaciones de corrupción. Actualmente, cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos, derivados de los sobornos recibidos de Odebrecht. El caso se sustenta en las declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de la empresa brasileña en Perú, quien afirmó que Toledo recibió pagos ilegales a cambio de la adjudicación de contratos de infraestructura, como el mencionado proyecto de la Carretera Interoceánica.
La modificación del Decreto Legislativo 1373 podría tener un impacto significativo sobre el proceso judicial que busca recuperar los bienes de Toledo, limitando las herramientas legales para incautar propiedades y fondos obtenidos de manera ilícita. Las autoridades temen que esto impida al Estado peruano recuperar el dinero vinculado a Alejandro Toledo y Odebrecht, lo que representaría una pérdida considerable para el país.