

A tres semanas del trágico derrumbe del techo en el patio de comidas del Real Plaza Trujillo, que resultó en la muerte de seis personas y más de 80 heridos, las investigaciones continúan, y con ellas, las preguntas sobre las responsabilidades y la gestión del centro comercial.
Según reportes de Hildebrandt en sus 13, el equipo de abogados del grupo Intercorp, liderado por Romy Chang, ha acelerado las negociaciones extrajudiciales, alcanzando hasta ahora más de 80 acuerdos de compensación con 93 víctimas del incidente. Sin embargo, se ha revelado que estos acuerdos vienen acompañados de una condición polémica: las víctimas deben retirar a sus abogados de las denuncias penales para poder recibir las indemnizaciones. Este hecho ha sido interpretado como un intento de limitar el alcance de la investigación y evitar la difusión pública de detalles que puedan dañar la imagen de la empresa.
Por su parte, Real Plaza negó haber presionado a los afectados y aseguró que respetan el derecho de cada familia a seguir el proceso judicial que consideren adecuado. En declaraciones a Infobae Perú, indicaron que su prioridad es brindar apoyo inmediato a las víctimas y ayudar a aliviar sus cargas económicas.
Uno de los casos que ha llamado la atención es el de Paola Cerna Aguilar, quien sufrió graves lesiones durante el colapso. Cerna, quien es diabética, quedó con una fractura en la rodilla y diversos traumatismos, lo que le ha dejado una discapacidad temporal. Aunque la empresa transfirió un "apoyo" de 400 soles a la afectada mientras se alcanza un acuerdo, Cerna considera esta cifra una burla, ya que no refleja el impacto profundo del incidente en su vida.
Real Plaza sostiene que estos acuerdos de compensación están diseñados para superar lo que dictamine el Poder Judicial y que los acuerdos buscan aliviar el sufrimiento de los afectados. Además, aseguran que han desplegado un equipo especializado de asistentes sociales para garantizar que las víctimas reciban la ayuda necesaria, incluyendo el reembolso inmediato de gastos médicos, acompañamiento psicológico y apoyo económico temporal.
En cuanto al colapso, Real Plaza ha sido cuestionado sobre el estado de mantenimiento de su infraestructura. La empresa ha afirmado que cumplió con todas las inspecciones requeridas, incluyendo la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), que fue aprobada sin observaciones en noviembre de 2024. Además, negaron que las irregularidades en los reportes internos tuviesen relación con el colapso del techo, asegurando que los informes sobre el deterioro de las mallas de nylon no afectan la estructura del patio de comidas.
En relación con el hallazgo de pernos y otros posibles indicios de fallas estructurales, Real Plaza descartó que estos estuvieran vinculados al colapso y enfatizó que los peritos especializados están analizando la información junto con la Fiscalía.
Aunque el proceso sigue en curso, Real Plaza ha asegurado que las víctimas y sus familias no estarán solas en este proceso, destacando que continuarán con su compromiso de apoyo en los momentos difíciles, sin embargo, la controversia sobre las responsabilidades del colapso sigue siendo un tema clave en la investigación.