La Corte Superior de Justicia de Piura dictó una sentencia de ocho años de prisión efectiva contra Enrique Silva Zapata, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Paita, por el delito de peculado doloso por apropiación agravada. El fallo, emitido durante una audiencia de adelanto de fallo, también incluyó a otros exfuncionarios municipales involucrados en el desvío de más de 370 mil soles pertenecientes a la comuna de Paita.

La sentencia alcanza a Joe Villegas y Carlos Puruguay, quienes también recibieron la misma pena de prisión efectiva por su participación en el delito. Por otro lado, Kevin Vallejos y Beyzaida Aguirre fueron condenados a siete años de pena suspendida, con un periodo de prueba de cinco años.

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Además de las penas privativas de libertad, el juzgado impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos a todos los sentenciados, con el fin de evitar que vuelvan a ocupar funciones en el Estado. La sentencia también incluye el pago de días multa, cuya cuantía se determinará en la lectura completa del fallo.

Desvío sistemático de fondos públicos
Entre enero de 2019 y mayo de 2022, los involucrados realizaron la anulación fraudulenta de recibos de pago de tributos municipales, lo que permitió que los fondos recaudados no ingresaran a las cuentas oficiales del Estado. Esta modalidad delictiva fue ejecutada en complicidad, utilizando procedimientos internos para eliminar registros de pagos y desviando el dinero sin que fuera detectado.

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El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura (Fecof), acreditó que los acusados actuaron de manera concertada y sistemática para apropiarse de los recursos, y presentó pruebas documentales y testimoniales durante el juicio. La fiscal Fyorella Montero Talledo explicó que esta práctica causó un grave perjuicio económico a la administración pública.

Próxima lectura del fallo completo
El tribunal anunció que la lectura completa de la sentencia se llevará a cabo el próximo 9 de abril, momento en el que se conocerán los detalles técnicos y jurídicos de la condena. Las partes involucradas podrán evaluar si interponen recursos impugnatorios o aceptan la decisión. La ejecución de la sentencia queda sujeta a posibles apelaciones.