Casi cuatro décadas después de uno de los hechos más trágicos de la historia de la violencia interna en el Perú, el paraje de Rayoccasa, en el distrito y provincia de Huanta, Ayacucho, fue nuevamente escenario de una diligencia de exhumación. La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho llevó a cabo un operativo con el objetivo de ubicar, registrar y recuperar los restos óseos de las víctimas del conflicto armado interno.

La fiscal provincial Karenn Diana Obregón Ubaldo, acompañada por la perito arqueóloga Lucero Stefany Luján Medina, lideró la acción, en la cual se recuperaron los restos esqueletizados de tres personas, quienes fueron asesinadas en noviembre de 1984 durante el conflicto armado interno. Los restos fueron trasladados al Laboratorio de Investigaciones Forenses para su análisis e identificación.

La noche que nunca se olvidó

La violencia que azotó a muchas comunidades del Perú durante los años 80 dejó marcas imborrables. En noviembre de 1984, un grupo de presuntos subversivos irrumpió en las zonas de Rayoccasa, Manasiqana y Wasicucho, poblados rurales donde vivían campesinos. Allí, Saturnino Velasque Ccasapoma, María Huarancca Huaylla y Benita Cunto Ñaupari fueron capturados mientras realizaban tareas domésticas y llevados a Rayoccasa, donde, según versiones recabadas, fueron brutalmente asesinados con armas blancas y objetos contundentes.

Durante casi 40 años, los cuerpos de estas víctimas permanecieron en silencio bajo la tierra, mientras sus familias aguardaban justicia y reparación. La reciente exhumación de los restos no solo ha permitido recuperar físicamente a las víctimas, sino también reabrir heridas que aún afectan a muchas comunidades en el Perú, donde aún hay miles de desaparecidos.

Un largo camino hacia la justicia

La diligencia de exhumación forma parte de un proceso largo y doloroso para esclarecer los hechos de la violencia ocurrida durante el conflicto armado interno. Miles de familiares aún buscan a sus seres queridos desaparecidos, una tarea que ha sido apoyada por instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y diversas organizaciones humanitarias.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entre 1980 y 2000, cerca de 20.000 personas desaparecieron en el contexto del conflicto armado, y más de 69.000 personas fueron víctimas fatales, incluyendo tanto a civiles como a miembros de las Fuerzas Armadas y de grupos subversivos como Sendero Luminoso.

La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), fundada en 1983, continúa exigiendo justicia y la identificación de los restos de los miles de desaparecidos durante la violencia. El caso del cuartel “Los Cabitos” en Ayacucho, donde se reporta que más de 130 personas fueron ejecutadas y cremadas, es uno de los más emblemáticos de la época.

Las exhumaciones en lugares como Rayoccasa son un paso importante para dar digna sepultura a las víctimas y mantener viva la memoria de los horrores del conflicto armado. Sin embargo, el camino hacia la justicia y reparación sigue siendo largo para las familias que aún esperan respuestas.