La presidenta Dina Boluarte promulgó este lunes una nueva ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), otorgándole herramientas más estrictas de fiscalización sobre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en el país con fondos internacionales.
Durante la ceremonia en Palacio de Gobierno, Boluarte afirmó que esta norma permitirá una “revisión exhaustiva” de aquellas ONG que, en palabras de la mandataria, estarían “actuando en contra de los intereses del país”, utilizando la cooperación como vehículo para agendas ideológicas que siembran división.

“Esta ley también velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y pondrá bajo revisión a una minoría de ONG que siembran odio y atacan nuestro sistema”, aseguró.

¿Qué cambia con la nueva ley?

• Mayor control a ONG: Las organizaciones receptoras de cooperación internacional deberán registrar todos sus planes, proyectos y gastos en una base pública administrada por la APCI.

• Supervisión ampliada: La APCI tendrá nuevas atribuciones para fiscalizar el uso de fondos extranjeros, ya sean públicos o privados.

• SUNAT entra al juego: Se propone la creación de una unidad especializada dentro de SUNAT para supervisar el cumplimiento tributario de estas organizaciones.

• Contratos con vigilancia previa: Cualquier acuerdo entre el Estado y organizaciones gestoras de cooperación requerirá conformidad previa de la APCI.

Boluarte: “Esto no es control, es transparencia”

La presidenta subrayó que esta norma no pretende limitar la labor social, sino garantizar que los fondos internacionales se utilicen de manera ética y transparente, alineados con los intereses del país.

“No se trata de fiscalización arbitraria, sino de rendición de cuentas”, dijo Boluarte, añadiendo que “la cooperación internacional debe ser un aliado del desarrollo, no una herramienta de desestabilización”.

Autoridades presentes en la ceremonia:

En el acto estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, el canciller Elmer Schialer, el ministro de Justicia Eduardo Arana, y varios parlamentarios que respaldaron la norma, aprobada en marzo con amplio respaldo en el Congreso.