

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, confirmó que fue su gestión la que designó a Jacqueline Yessenia Lozano Millones, militante del partido Alianza para el Progreso (APP), como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Parlamento, pese a que sus credenciales profesionales están bajo la lupa.
“Nosotros, de la Presidencia, la hemos propuesto”, afirmó Salhuana en entrevista con RPP, detallando que Lozano fue convocada a los pocos meses de asumir la presidencia del Legislativo en julio de 2024. Primero fue asesora y luego asumió la jefatura del área.
La funcionaria de 36 años percibe un sueldo superior a los S/ 19,000, de acuerdo con un informe de Cuarto Poder, a pesar de que solo figura como bachiller en Derecho en la Sunedu, título obtenido en la Universidad Señor de Sipán, propiedad de la familia del líder de APP, César Acuña.
El titular del Congreso afirmó que la información difundida por el programa dominical es “inexacta” y aseguró que Lozano Millones sí tendría un título profesional y una maestría en Gestión Pública.
“Ayer nos entregaron copia del diploma y nos dijeron que ya estaba inscrito en Sunedu. Nos mostraron también su constancia de maestría”, alegó, aunque estos documentos aún no aparecen en los registros públicos oficiales.
También destacó que Lozano acumula “ocho años de experiencia en gestión pública”, un requisito clave para el puesto que ocupa.
Salhuana rechazó que la Oficina de Modalidades Formativas haya sido creada durante su gestión, señalando que su implementación fue aprobada en junio de 2023, bajo la presidencia de José Williams Zapata, mediante votación del Pleno del Congreso.
Sobre una posible remoción de Lozano del cargo, respondió que esa decisión le compete a ella:
“No se puede retirar la confianza basados en presunciones o apreciaciones. No hay actos de corrupción comprobados.”
En relación con la fotografía de gran tamaño de César Acuña que aparece en la oficina de Lozano, Salhuana señaló que se ha ordenado el retiro de cualquier símbolo o imagen partidaria en espacios institucionales del Congreso.
Asimismo, se ha solicitado a la Oficialía Mayor un informe detallado para evaluar si corresponde una sanción:
“Debe haber un procedimiento, documentos y derecho a defensa. No se puede actuar de forma arbitraria”, concluyó.