Actualidad | 30 abr 2025
Gobierno de Dina Boluarte anuncia privatización de seguridad en penales: “El INPE no puede hacerlo”
El Ejecutivo emitirá un decreto de urgencia para que empresas privadas controlen los accesos a las cárceles del país. La medida surge tras la fuga de un interno del penal de Lurigancho.
El Estado seguirá a cargo de los internos, pero la seguridad externa pasará a manos privadas.
El Estado seguirá a cargo de los internos, pero la seguridad externa pasará a manos privadas.
El Estado seguirá a cargo de los internos, pero la seguridad externa pasará a manos privadas.
El Estado seguirá a cargo de los internos, pero la seguridad externa pasará a manos privadas.
El Estado seguirá a cargo de los internos, pero la seguridad externa pasará a manos privadas.
El Gobierno de Dina Boluarte implementará una medida sin precedentes: la privatización parcial de la seguridad penitenciaria en los centros de reclusión del país. El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, durante su presentación ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde confirmó que en los próximos días se emitirá un decreto de urgencia que permitirá la participación del sector privado en el control de ingreso y salida de los penales.
“Como el INPE no puede hacerlo, vamos a convocar a empresas privadas para que se encarguen del acceso y la salida en los penales más riesgosos”, afirmó Arana.
Según el titular del Minjusdh, la administración y tratamiento de los reclusos seguirá en manos del Estado, pero la vigilancia perimetral será tercerizada, ante las reiteradas fallas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para garantizar la seguridad interna.
¿Por qué se toma esta decisión ahora?
La decisión del Ejecutivo ocurre tras una nueva fuga de un interno en el penal de Lurigancho, uno de los más conflictivos y sobrepoblados del país. El ministro Arana explicó que desde hace más de 10 años no funciona adecuadamente la tecnología de escaneo corporal ni los sistemas de rayos X, situación que ha facilitado el ingreso de objetos prohibidos y personas no autorizadas.
“Vamos a poner en valor los equipos existentes y licitar el servicio en los penales con mayor riesgo”, adelantó el ministro.
El proceso se lanzará mediante un concurso público, dirigido a empresas de seguridad privada que cumplan estándares internacionales.
Privatización en cárceles: ¿avance o riesgo?
Esta iniciativa ha generado controversia entre especialistas en derechos humanos y seguridad, quienes advierten sobre los riesgos de ceder funciones sensibles del Estado a empresas privadas. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que la medida busca reforzar los puntos críticos de vigilancia sin ceder el control sobre los internos.
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