Dina Boluarte, presidenta del Perú, no pagó por los procedimientos quirúrgicos estéticos a los que se sometió en 2023, según reveló el doctor Mario Cabani ante el Ministerio Público. El médico afirmó que la mandataria le dijo “que no tenía plata” y se llevó su historial clínico sin autorización.

El semanario Hildebrandt en sus trece informó que Cabani intentó cobrar el monto adeudado mediante cartas notariales, sin obtener respuesta. Solo recientemente, la presidenta le envió $4,500 en efectivo a través de un tercero, lo que motivó una nueva carta notarial exigiendo acreditar el origen del dinero.

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Otro médico implicado, el otorrinolaringólogo Javier Sánchez, respaldó esta versión. Declaró a la Fiscalía que Boluarte no necesitaba una operación nasal y que él mismo se lo indicó. Ambos galenos comparten defensa legal.

Investigación constitucional en curso

El fiscal supremo Hernán Mendoza Salvador investiga a Boluarte por posible abandono de cargo y omisión de funciones, ya que habría firmado decretos supremos durante un supuesto reposo médico. El peritaje a diez decretos firmados en ese periodo llegará esta semana a su despacho.

Sin embargo, la denuncia podría depender del fallo del Tribunal Constitucional, que a fin de mes decidirá si un presidente puede ser investigado mientras ejerce funciones. Este mismo tribunal ordenó recientemente la reposición del cuestionado fiscal Tomás Gálvez, vinculado al caso ‘Cuellos Blancos’.

Cirugías estéticas, historial médico y poder en la sombra

La presidenta fue intervenida finalmente en la clínica de Cabani, luego de ser rechazada en otra institución médica por falta de necesidad quirúrgica. Una testigo protegida reveló que la mandataria fue sedada por más de dos horas y permaneció internada por casi tres días, sometiéndose a cuatro operaciones en total.

Además, entregó fotos y mensajes que probarían el rol activo de su hermano, Nicanor Boluarte, en decisiones estatales. Las imágenes incluso incluyen celebraciones familiares, como el cumpleaños del hijo de la presidenta.

Las investigaciones continúan mientras crecen las dudas sobre transparencia, abuso de poder y manejo ético en la más alta esfera del Estado peruano.