A casi una semana de haber sido reportados como secuestrados, los cuerpos sin vida de 13 mineros fueron hallados en un socavón de Pataz, región La Libertad, con evidencias claras de ejecución extrajudicial a manos de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal. La brutalidad del crimen —registrada incluso en video— ha desatado un profundo repudio nacional ante la ausencia de una respuesta clara del Gobierno y de la presidenta Dina Boluarte.

Familiares de las víctimas aseguran que los cuerpos ya llevaban días en el lugar, mientras circula un video estremecedor que mostraría el momento en que los trabajadores fueron asesinados de un disparo a quemarropa. A pesar de la conmoción nacional, el Ejecutivo permanece en silencio, alimentando la indignación pública.

Un crimen anunciado: minería ilegal, amenazas previas y abandono del Estado

Las víctimas eran trabajadores contratados por la empresa R&R, que presta servicios a la minera Poderosa, una de las principales productoras de oro del país. Poderosa ha sido blanco recurrente de ataques por parte de mineros ilegales que buscan controlar el territorio en disputa, donde el crimen organizado actúa con impunidad.

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La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, denunció que el sistema REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) funciona como “escudo” de protección para los mineros ilegales, dificultando las operaciones policiales y fomentando el crecimiento del crimen.

Adrianzén, en el centro de la polémica: “Hashtag” en vez de acciones

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha sido duramente cuestionado tras minimizar inicialmente el secuestro y luego limitarse a publicar un simple hashtag: #LaMineríaIlegalAsesina, sin condolencias ni medidas anunciadas.

Su segunda publicación, una captura del artículo 137 de la Constitución sobre el estado de sitio, fue considerada una respuesta ambigua y evasiva frente a la exigencia de medidas concretas por parte del Gobierno Regional de La Libertad y los familiares de los fallecidos.

“Usted es un patán, un desgraciado”, expresó entre lágrimas Enrique Carbonel, padre de uno de los mineros asesinados, al exigir una declaración pública y respeto por los muertos.

Poder político reacciona tarde: reunión en Palacio y amenaza de paro indefinido

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, se reunió con la presidenta Boluarte tras el hallazgo, y anunció un paro indefinido desde el 5 de junio si no se toman acciones inmediatas. Exigió penas más severas contra el crimen organizado y mayor presencia del Estado en la zona.

Mientras tanto, más del 48% del oro que exporta el Perú proviene de la minería ilegal, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), y el presupuesto nacional para combatirla se ha reducido drásticamente: menos de S/0.50 de cada S/100 en seguridad se destinan a su erradicación.

El otro saqueo: minería ilegal representa el 2.8% del PBI y evade más de 7,400 millones de dólares

Según el IPE, en 2024 el Perú exportó más de 90 toneladas de oro ilegal, lo que representa un incremento del 20% respecto a 2023, afectando gravemente las finanzas del Estado. A pesar de ello, se han prorrogado facilidades para los operadores ilegales y reducido la fiscalización.

“La minería ilegal ya no es solo un problema ambiental, es una crisis humanitaria y de seguridad nacional”, advirtió el economista Carlos Gallardo, quien pidió trazabilidad internacional y cooperación con países compradores como EE.UU., Suiza e India.