

Tuvo que pasar un día completo desde el hallazgo de los 13 cuerpos de mineros ejecutados para que el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, se pronunciara públicamente. Y lo hizo con una frase que ha generado indignación nacional:
“Esto no se soluciona de un día para otro”, afirmó desde Trujillo.
En lugar de ofrecer explicaciones o consuelo, el ministro señaló que su gestión aún está “en diagnóstico constante” sobre la situación de Pataz, pese a que la zona está bajo estado de emergencia desde hace más de un año.
“A la semana de ser nombrado ministro vine a hacer una apreciación a Pataz. Quince días después llegaron 800 policías y destruimos socavones sin REINFO”, indicó.
Zulueta —quien tuvo que acudir al Congreso horas antes para explicar el caso ante la Comisión de Defensa— insistió en que su experiencia policial lo respalda para enfrentar esta crisis:
“Tengo todas las condiciones para defender a mi Perú. Día a día se intervienen armas y explosivos”, aseguró.
El ministro también prometió que los responsables serán capturados, aunque no precisó acciones inmediatas ni nuevos despliegues de seguridad.
Según reveló el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, el auge de la violencia en Pataz estaría relacionado a una alianza de bandas criminales, entre ellas Los Pulpos, que ahora operan bajo una organización llamada “La Nueva Alianza”.
“Se están disputando el control del espacio geográfico subterráneo donde hay oro artesanal e informal”, dijo Zanabria.
Esta guerra territorial explicaría los recientes asesinatos, atentados contra infraestructura eléctrica y otros actos violentos registrados en la zona.
La versión del ministro Zulueta también contradice abiertamente lo declarado el pasado 30 de abril por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien aseguró “no tener información ni denuncias” sobre el secuestro de los 13 mineros de la empresa R&R.
Zulueta fue contundente:
“Desde que la Policía Nacional recibió la denuncia oficial iniciamos la búsqueda. Cinco días después hallamos los cadáveres”, afirmó.
Esto confirma que la denuncia se presentó el 29 o 30 de abril, lo que echa por tierra la afirmación de Adrianzén y reafirma las versiones ofrecidas por los familiares, quienes también señalaron que la Policía fue informada desde el martes 29.