

Dina Boluarte anunció este lunes un conjunto de medidas excepcionales para frenar la violencia criminal en el distrito y provincia de Pataz, región La Libertad, uno de los focos más críticos de inseguridad en el país. Las acciones incluyen toque de queda, la instalación de una base militar, y la suspensión total de la actividad minera por 30 días.
La mandataria informó que el Gobierno desplegará mil efectivos policiales adicionales a la zona, en una ofensiva coordinada con las Fuerzas Armadas, además de implementar rutas fiscales de transporte minero con controles estrictos y fiscalización multisectorial.
“Este decreto de urgencia permitirá asignar personal y recursos inmediatos para enfrentar esta ola criminal. No más impunidad en Pataz”, declaró Boluarte.
Durante su discurso, la jefa de Estado arremetió contra el Congreso por la moción de censura contra el premier Gustavo Adrianzén.
“Censurar ministros no resuelve la inseguridad. Cambiar autoridades toma tiempo y debilita las políticas de gobierno”, sostuvo.
Boluarte insistió en que la violencia en Pataz no se solucionará con “movidas políticas” y pidió respaldo al Ejecutivo para avanzar con medidas estructurales, como el proyecto de ley contra el terrorismo urbano.
El ministro de Energía y Minas anunció un nuevo decreto de urgencia para regular estrictamente el transporte de insumos mineros. “Solo se permitirá el uso de rutas fiscales predeterminadas. Cualquier desvío será considerado ilícito”, advirtió.
En paralelo, el Ejecutivo reportó la destrucción de 20 bocaminas y 8 plantas artesanales ilegales, así como la incautación de armamento de guerra, tractores y explosivos usados por mafias dedicadas a la minería ilegal.
El ministro del Interior reveló que en las últimas horas fueron detenidas dos personas armadas con mini Uzis, presuntamente vinculadas a recientes ataques.
Además, se identificó a “La Gran Alianza 2”, nueva organización criminal compuesta por Los Pulpos, La Jauría, el Gordo Jhon y Los Compadres, en conflicto con otras bandas como Los Parqueros, el Clan Espinoza y la Batería del Loco Franklin.
“Vamos tras los cabecillas. El criminal Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', ya está en la mira", aseguró el titular del Interior.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, indicó que ya se brindó apoyo legal a dos familias de las víctimas y se está facilitando el traslado de cuerpos a sus lugares de origen. “Este es un proceso doloroso y burocrático, pero no están solos”, dijo.
Con esta ofensiva sin precedentes, el Gobierno busca recuperar el control de una zona estratégica devastada por la violencia y la minería ilegal, enviando un mensaje claro: la seguridad nacional es prioridad.