El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, abandonó el país el pasado sábado 3 de mayo rumbo a Estados Unidos, justo cuando se denunciaba el secuestro de 13 trabajadores vinculados a la minera Poderosa en Pataz. El domingo, la tragedia se confirmó: los cuerpos sin vida de los secuestrados fueron hallados, provocando indignación nacional.

El hecho ha desatado una ola de cuestionamientos por la aparente inacción del Gobierno frente al crimen organizado ligado a la minería ilegal, y ha puesto bajo la lupa al Congreso, acusado de aprobar normativas que favorecerían estas redes criminales.

En ese tenso contexto, la ausencia de Salhuana encendió las críticas, obligando al Congreso a emitir un comunicado a la medianoche del lunes, informando sobre su retorno inmediato.

El mensaje oficial, difundido en la cuenta en X del Parlamento, aseguró que el viaje de Salhuana formaba parte de una “misión de trabajo” entre el 25 y 30 de abril, con reuniones previstas del 5 al 9 de mayo en Miami y Salt Lake City, donde participaría en una cumbre de comercio internacional.

Pese a ello, la presión por la masacre en Pataz cambió el curso del viaje: “El presidente ha decidido interrumpir dicha misión de trabajo y retornar de inmediato al Perú”, se lee en el comunicado, que también destaca que su presencia es “necesaria para atender personalmente los deberes inherentes a su cargo”.

El regreso de Salhuana se produce en medio de una nueva tormenta política: un grupo de congresistas promueve una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionado por su débil respuesta ante la escalada del crimen organizado.

No es la primera vez que Salhuana es blanco de críticas por viajar en momentos críticos. En enero pasado, mientras el Parlamento enfrentaba una crisis por denuncias sobre una presunta red de prostitución vinculada a trabajadores del Congreso, el presidente viajó a China. También entonces, presionado por la opinión pública, regresó antes de lo previsto.

La repetición de estos episodios debilita la figura del titular del Legislativo y pone en duda el compromiso real de la alta dirigencia del Congreso con las emergencias que enfrenta el país.