El Ministerio Público ha dispuesto la conformación de un equipo especial multidisciplinario para investigar el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, región La Libertad, según reveló en exclusiva el presidente de la Junta de Fiscales de esa región, Luis Guillermo Bringas, en RPP

“Desde el Ministerio Público estamos conformando, y esto lo anuncio aquí, un equipo especial multidisciplinario, integrado por fiscales penales de la zona, fiscales de crimen organizado y fiscales especializados en materia ambiental”, declaró Bringas.

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El fiscal detalló que la situación en Pataz es crítica y que la respuesta del Estado debe ser integral. “Todos los actores del Estado: Gobierno, Congreso, Policía y Fiscalía, deben aportar para enfrentar el sicariato, la minería ilegal y los forrajeros criminales que operan en la zona”, añadió.

Reinfo en la mira: el vacío legal que favorece a la minería ilegal

Bringas denunció además que la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), promovido por el Congreso y prorrogado por el Ejecutivo, está siendo aprovechado por organizaciones criminales para operar con impunidad.

“Hay una guerra entre mineras formales, artesanales e ilegales. Estas últimas se amparan en el Reinfo, que el Gobierno ha venido prorrogando, y ahora el Congreso anuncia que lo extenderá hasta diciembre. Eso permite que continúen sus actividades sin control”, advirtió.

Necropsias revelan que los cuerpos tienen al menos ocho días fallecidos

El fiscal Bringas informó también que las necropsias realizadas este martes en Trujillo determinaron que los trabajadores asesinados llevaban muertos entre siete y ocho días.

“Los 13 cadáveres presentan un tiempo de fallecimiento aproximado de siete u ocho días. Esto indica que las víctimas no murieron ni ayer ni antes de ayer. Incluso llegaron en estado de descomposición a la Morgue de Trujillo”, precisó.

La conformación de este equipo especial representa una de las primeras respuestas estructuradas por parte del Estado ante una de las masacres más graves relacionadas con el crimen organizado en la minería ilegal. La opinión pública exige resultados y justicia para las víctimas.