El reciente informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor del aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte ha desatado un intenso debate público y político sobre su pertinencia, oportunidad y legalidad, especialmente considerando el contexto de crisis social y económica que atraviesa el país.

El reajuste establece que la mandataria pasará de S/ 16 mil a S/ 35,568 mensuales, en el marco de la implementación de la Ley 30057, que regula el régimen de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Sin embargo, pese a las explicaciones técnicas, el momento elegido ha sido ampliamente cuestionado.

Ministros justifican legalidad, pero discrepan sobre el momento

Cuatro miembros del gabinete del premier Gustavo Adrianzén han salido al frente para defender la medida, aunque no todos coinciden con su implementación inmediata:

• El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, afirmó que es un “buen momento para cumplir con la Constitución”, rechazando que el incremento tenga connotaciones negativas. “Si la presidenta dice que se va a bajar el sueldo, eso sí sería populismo”, subrayó desde Arequipa.

• En contraste, el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, reconoció que “no es el mejor momento” y propuso posponer el debate. Aunque defendió el “ordenamiento legal” del MEF, pidió “enfriar los ánimos” antes de continuar.

• Por su parte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León, recalcó que el aumento no fue solicitado por la presidenta, sino que responde a la reestructuración técnica del cuadro de puestos en el Estado, tal como lo establece la Ley Servir.

• Finalmente, el ministro de Educación, Morgan Quero, evitó pronunciarse sobre la oportunidad del aumento y se enfocó en el carácter técnico y preexistente del proceso. “Esto viene desde 2013. No hay arbitrariedad ni decisión personal de la presidenta”, señaló.

¿Qué dice la norma y por qué se implementa ahora?

La Ley 30057 (Servir) busca establecer un marco ordenado para la carrera pública y el régimen de compensaciones. El MEF señala que el incremento para la presidenta Boluarte se deriva de este proceso y es coherente con la escala salarial aprobada para altos funcionarios del Estado.

Sin embargo, voces críticas cuestionan que en un contexto de malestar ciudadano, informalidad laboral y deterioro económico, se haya priorizado una medida con fuerte impacto simbólico y político, mientras miles de peruanos demandan mejoras urgentes en servicios básicos.