El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha iniciado la adecuación de los penales en todo el país para recibir a adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves, según lo informó Tiberio Martínez, jefe de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

Esta decisión se enmarca en la reciente promulgación de la Ley 32330, una norma aprobada por el Congreso que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permitiendo que los menores de 16 y 17 años que cometan asesinato, violación sexual, extorsión, trata de personas y otros delitos graves sean procesados como adultos.

“Ya no van a ser tratados como adolescentes, sino como adultos. Van a ser procesados por un juez penal común y llevados a un establecimiento penitenciario”, indicó Martínez en declaraciones para el programa Ampliación de Noticias.

Actualmente, existen 1,050 adolescentes internados en centros juveniles por delitos graves:

• 727 por robo agravado,

• 87 por homicidio calificado,

• 7 por sicariato,

• 14 por trata de personas, y

• 69 por violación sexual.

Separación de adultos y adolescentes peligrosos

El funcionario precisó que, aunque serán internados en penales comunes, los adolescentes no compartirán pabellón con adultos. En los 74 penales del país, el INPE está implementando espacios diferenciados para evitar el incremento de la peligrosidad por contacto directo con reclusos mayores.

“No van a ser internados junto con los demás internos adultos. La norma señala un trato diferenciado, con pabellones reservados para estos adolescentes”, sostuvo Martínez.

Uno de los primeros centros que será adaptado es el penal de Ancón I, donde ya fueron trasladados 29 menores de alta peligrosidad tras la reciente fuga en el centro juvenil ‘Maranguita’.

En adelante, cualquier adolescente de 16 o 17 años al que se le imponga prisión preventiva o una sentencia firme por delitos graves será reubicado en estos nuevos espacios penitenciarios.

¿Vulneración de derechos? Ministerio lo niega

La medida ha generado preocupación en organismos internacionales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) recomendó al Estado peruano reconsiderar la ley, señalando que alejaría a los adolescentes del objetivo principal del sistema juvenil: la rehabilitación social.

Sin embargo, el Minjusdh descartó que la norma vulnere la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), argumentando que la ley responde a "nuevas realidades delictivas" que involucran a menores en crímenes cada vez más graves.

“Antes los adolescentes no tenían tanta injerencia en delitos graves. Ahora, el Estado debe adecuar sus normativas a estas nuevas circunstancias”, concluyó Martínez.

Monitoreo de resocialización

Finalmente, el Ministerio de Justicia anunció que trabaja en una propuesta legal para que cada cinco o diez años se evalúe el progreso del recluso, con el objetivo de verificar si el tratamiento de resocialización está siendo efectivo.