

El Congreso de la República del Perú ha publicado la Ley N.º 32331, una controvertida norma que restringe el acceso a baños públicos a personas transgénero, al prohibir que estos sean utilizados según su identidad de género. La medida, impulsada por el congresista Alejandro Muñante de la bancada Renovación Popular, fue oficializada a través del diario El Peruano.
Pese a las advertencias de organizaciones de derechos humanos sobre su carácter discriminatorio, la presidenta Dina Boluarte no observó la ley, permitiendo su promulgación.
Según el texto legal, el objetivo sería proteger la indemnidad sexual de niñas, niños y adolescentes. No obstante, la medida establece que solo podrán ingresar a baños públicos las personas cuyo “sexo biológico” coincida con el designado para dicho servicio. Existen apenas cuatro excepciones:
Acompañamiento a menores de 12 años, personas con discapacidad o adultos mayores.
Situaciones de emergencia médica.
Labores de custodia, mantenimiento o inspección.
Mandatos judiciales o disposiciones legales.
Además, se establece que las municipalidades deben supervisar que los administradores de espacios públicos cuenten con señalización adecuada, protocolos de uso y personal capacitado.
La ley también incluye disposiciones para medios de comunicación y publicidad, prohibiendo la sexualización de menores de edad. Obliga a implementar políticas de autorregulación y mecanismos de denuncia, bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
En declaraciones a Infobae Perú, la periodista y activista trans Gianna Camacho rechazó la norma, señalando que perpetúa estigmas:
“Están usando prejuicios sobre nosotras para limitar derechos. Esta norma no tiene precedentes en otros países de la región”, afirmó.
El debate sobre el uso de servicios higiénicos por personas trans no es nuevo. En 2023, hubo críticas a la señalética del Aeropuerto Jorge Chávez, que inicialmente usaba criterios de identidad de género, y luego fue modificada para incluir expresiones como “mujeres en su diversidad” y “hombres en su diversidad”.
La nueva ley también surge en un contexto de creciente transfobia institucional. En marzo, durante el evento “Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia”, organizado por la congresista Susel Paredes, personas trans usaron los servicios higiénicos del Parlamento, lo que provocó la reacción de congresistas conservadores.
Milagros Jáuregui y otros 15 legisladores de Renovación Popular denunciaron a Paredes ante la Comisión de Ética del Congreso, profundizando la controversia política.