La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Boluarte y una serie de exministros del gabinete, por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones leves y graves durante las protestas antigubernamentales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Según informó el Ministerio Público a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la acusación alcanza a los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo Arana y Alberto Otárola Peñaranda; así como a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero; y al exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta.

¿Qué se les imputa?

La denuncia sostiene que Boluarte y los exministros serían responsables de los delitos de lesiones leves y graves en agravio de ciudadanos como Ronald Rojas Ramos, Michel Chipa, entre otros afectados. Los hechos están directamente relacionados con la respuesta estatal a las protestas que se produjeron en regiones como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, tras la asunción de Boluarte a la presidencia el 7 de diciembre de 2022, luego de la vacancia de Pedro Castillo.

En ese contexto, se produjo una serie de movilizaciones sociales, muchas de las cuales terminaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden. La Fiscalía, ahora liderada por Delia Espinoza, señala que ha identificado al menos 75 víctimas que habrían sufrido daños por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Contexto de las protestas

Las protestas en cuestión se desataron luego de la crisis política por el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Tras su destitución, Dina Boluarte asumió el mando en medio de un clima de alta tensión social. Las movilizaciones, convocadas en diversas regiones del país, demandaban la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente.

La represión estatal dejó decenas de muertos y heridos, sobre todo en regiones del sur del país, como Ayacucho y Puno, donde se denunciaron graves violaciones a los derechos humanos, según informes de organismos internacionales como la CIDH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Congreso debe evaluar la denuncia

La denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público deberá ser evaluada por el Congreso de la República, que tiene la facultad de autorizar una acusación contra la presidenta en ejercicio y los exfuncionarios involucrados. De prosperar, esto podría abrir una vía para un juicio político y eventualmente penal.

Cabe destacar que este proceso no implica una culpabilidad inmediata, pero sí marca un hito legal y político en la gestión de Dina Boluarte, quien hasta ahora ha enfrentado múltiples cuestionamientos por su papel durante la crisis social post-2022.