

La decisión del Gobierno ecuatoriano de desplegar un contingente de 1.500 soldados en su frontera amazónica con Perú y Colombia marca un punto de inflexión en la creciente crisis de seguridad que afecta a esta región estratégica. El operativo militar, que involucra a fuerzas especiales, inteligencia y unidades de contraterrorismo, tiene como objetivo neutralizar a grupos armados ligados a la minería ilegal, el narcotráfico y otras actividades criminales que operan con creciente impunidad.
La acción fue anunciada por el Ministerio de Defensa de Ecuador tras una emboscada en mayo en la provincia de Orellana, donde murieron 11 militares ecuatorianos, presuntamente a manos de disidentes de las FARC, durante una operación contra campamentos de minería ilegal.
La minería ilegal se ha convertido en el motor económico de múltiples organizaciones criminales que financian operaciones con oro extraído sin control estatal. La cuenca del río Punín, entre otras zonas, ha experimentado un auge del valor de este metal, lo que ha incentivado su explotación clandestina.
Estos grupos no solo devastan el medio ambiente, sino que también ejercen control territorial mediante amenazas, asesinatos y desplazamientos, afectando especialmente a comunidades indígenas.
Expertos en seguridad advierten que la situación se agrava por la infiltración de redes criminales dentro de las propias instituciones, dificultando la eficacia de las operaciones militares y de inteligencia.
Uno de los actores más peligrosos en esta crisis es Los Choneros, organización criminal ecuatoriana que, según denuncias recientes, ha penetrado más de 30 kilómetros en territorio peruano en la región Amazonas. Su objetivo: proteger operaciones mineras ilegales en tierras indígenas awajún.
El alcalde de Shaim Alto Comainas, Francisco Yampis, denunció que Los Choneros actúan como brazo armado de mafias mineras que operan con maquinaria pesada, y que incluso algunas autoridades policiales y militares locales han sido sobornadas para facilitar su permanencia.
Este avance ha generado violencia, desplazamientos forzados y abandono de comunidades enteras, mientras la presencia del Estado sigue siendo mínima.
La zona donde confluyen Ecuador, Perú y Colombia es hoy un corredor clave para el tráfico de drogas y minerales. Allí operan no solo Los Choneros, sino también bandas como Los Lobos, Tiguerones y el Comando Vermelho, una organización brasileña de alto poder de fuego.
El Estado peruano ha sido alertado sobre la existencia de carreteras clandestinas que permiten el ingreso masivo de mineros ilegales desde Ecuador hacia Condorcanqui. Este flujo ha evidenciado la fragilidad del control fronterizo y la falta de una estrategia conjunta entre los tres países.
Las principales víctimas del avance criminal son las comunidades indígenas, que pierden territorio, medios de vida y seguridad, mientras enfrentan un abandono estatal histórico. Organizaciones locales, como las rondas campesinas, ya han advertido que podrían tomar justicia por sus propias manos si el Estado no actúa con firmeza.
La situación exige una respuesta regional coordinada entre Ecuador, Perú y Colombia, no solo para contener a los grupos armados, sino también para frenar la corrupción institucional y garantizar la protección de las poblaciones más vulnerables.