Un controvertido proyecto de ley que avanza en el Congreso del Perú podría transformar radicalmente el funcionamiento de plataformas digitales de transporte como Uber, DiDi, Cabify e InDrive, al equipararlas legalmente con los servicios públicos de taxi tradicional.

La iniciativa —identificada como Proyecto de Ley N.º 842— fue aprobada por el Pleno en 2024, observada por el Ejecutivo y está nuevamente en la agenda legislativa. Las empresas involucradas, respaldadas por gremios empresariales y asociaciones civiles, advierten que esta regulación pone en riesgo más de 150.000 empleos y podría afectar a millones de usuarios que utilizan estas apps a diario.

¿Qué plantea el proyecto?

La propuesta legislativa, dictaminada por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, plantea reclasificar estas plataformas como servicios públicos de taxi, lo que implicaría:

• Licencias especiales de operación

• Cambios obligatorios en el color de los vehículos

• Mayor fiscalización estatal

• Registro nacional obligatorio de empresas y usuarios

• Obligación de compartir bases de datos con el MTC, Policía y Ministerio Público

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Además, según el artículo 7 del proyecto, las empresas deberán:

• Verificar antecedentes y requisitos de los conductores

• Remitir reportes trimestrales al Ministerio de Transportes

• Ser responsables legales por los delitos cometidos por sus afiliados

Plataformas se pronuncian: “Nos quieren convertir en taxis”

En un comunicado conjunto, las plataformas señalan que esta ley desnaturaliza su modelo digital y flexible, basado en la economía colaborativa, y advierten que no mejorará la seguridad ni la formalización del sector.

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) respalda esta postura: el 64% de los peruanos considera que las apps de taxi son más seguras que los servicios tradicionales, debido a herramientas como el monitoreo en tiempo real y los botones de emergencia.

“Estas normas aumentarán los costos, reducirán el acceso de conductores y limitarán la movilidad de los ciudadanos”, afirmaron.

Costos y empleos en riesgo

Las empresas también alertan que la exigencia de licencias, cambios de vehículo y trámites administrativos elevarán los costos operativos, haciendo inviable la actividad para miles de conductores independientes. Además, acusan que los plazos de adecuación son cortos e irrealistas, lo que podría dejar a muchas familias sin ingresos de forma inmediata.

¿Qué viene ahora?

El proyecto, renombrado como “Ley que regula el servicio de intermediación digital para el transporte de personas”, está en debate final. Si se aprueba en el Pleno, deberá ser promulgado o nuevamente observado por el Ejecutivo.

Las plataformas digitales han pedido al Congreso un enfoque regulatorio moderno, alineado con la transformación digital y las nuevas formas de generar ingresos.