Un nuevo giro en el caso Lava Jato amenaza con debilitar uno de los pilares judiciales más importantes de los últimos años en Perú. La Secretaría Nacional de Justicia de Brasil decidió suspender la cooperación jurídica internacional con el Estado peruano en todos los casos vinculados a la constructora Odebrecht (ahora Novonor).

La medida se tomó luego de que las autoridades brasileñas detectaran el uso de pruebas en procesos distintos a los autorizados, violando así el principio de especialidad que rige los tratados de cooperación internacional.

¿Por qué Brasil cortó la colaboración?

Según el medio brasileño O Globo, el principal motivo de la suspensión es que el Ministerio Público peruano habría utilizado pruebas obtenidas bajo acuerdos de leniencia —específicamente pactados con la justicia brasileña— en contextos no autorizados, como procesos arbitrales, sin el consentimiento expreso del país vecino.

"Desde noviembre de 2022, Brasil ha remitido oficios solicitando aclaraciones sin recibir respuestas satisfactorias", señala el reporte.

Perú responde: José Domingo Pérez defiende pruebas

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, rechazó cualquier irregularidad y defendió el uso de las pruebas:

“Vamos a defender el trabajo realizado. Las pruebas ya están en el país, se han presentado a jueces, se han dictado sentencias condenatorias y en otros casos hay acusaciones en curso”, sostuvo en declaraciones a La Rotativa del Aire de RPP.

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Además, indicó que el Ministerio Público continuará respaldando la legalidad de la documentación, pese a la controversia.

¿Qué implicancias tiene esta suspensión?

La decisión podría frenar o afectar procesos penales clave que se basaban en el intercambio de información con Brasil, especialmente en causas de alto perfil relacionadas con exfuncionarios, políticos y empresarios peruanos.

El principio de especialidad, uno de los más importantes en los tratados de asistencia judicial, exige que las pruebas enviadas desde un país a otro se usen solo para los fines y casos expresamente acordados. Cualquier desvío puede considerarse violación del acuerdo, lo que compromete futuros intercambios legales.