

Una organización criminal dedicada al préstamo informal bajo la modalidad del ‘gota a gota’ fue desarticulada en La Convención por el Ministerio Público. Veinte personas fueron detenidas, incluyendo a ‘Gata’ (Carmen Arenas R.), una ciudadana peruana señalada como la cabecilla de la banda, su pareja —un expolicía—, y sus tres hijos. El grupo operaba con violencia sistemática, intereses usureros y una red de intimidación extendida por barrios y mercados de la región.
Los préstamos eran ofrecidos casi sin requisitos, pero quienes no podían pagar eran golpeados, amenazados y extorsionados. El fiscal provincial Carlos Eduardo Alanya Ricalde reveló que la organización también habría tenido vínculos con funcionarios municipales, a través de pagos irregulares presuntamente financiados con dinero ilícito.
Las víctimas eran captadas mediante tarjetas publicitarias repartidas en zonas alejadas, donde se prometían préstamos “rápidos y sin trámites”. Lo que parecía una ayuda financiera inmediata se convertía en una espiral de deudas imposibles de pagar: los intereses se duplicaban o triplicaban en cuestión de semanas, y cualquier retraso era castigado con violencia física o destrucción de propiedad.
Durante los operativos, se incautaron documentos firmados bajo engaño, vehículos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y evidencia de que los ingresos ilegales eran canalizados a través de una tienda de indumentaria policial y militar administrada por la propia ‘Gata’, utilizada como fachada para lavado de activos.
“El cobro era diario. Si no tenías el monto, te insultaban, te golpeaban o te rompían algo”, relató un testigo protegido.
El caso de ‘Los Bad Money’ forma parte de una preocupante ola nacional de préstamos ‘gota a gota’, una modalidad que afecta ya a más de 200.000 familias en el Perú, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), encargado por Asbanc.
En 2024, el 35% de los créditos informales registrados en el país correspondían a este esquema. En 2022, era solo el 22%. Las tasas de interés superan el 1.000% anual, y el 66% de los usuarios terminan pidiendo más de un préstamo para salir de la deuda original.
Las autoridades fiscales siguen investigando posibles conexiones con funcionarios locales. La operación en Cusco fue ejecutada por 22 fiscales adjuntos provinciales y el Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado, en simultáneo con el allanamiento de viviendas y la captura de los implicados.
Todos los detenidos enfrentan cargos por extorsión, usura y lavado de activos.