La presidenta de la República, Dina Boluarte, denunciará a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Así lo confirmó su abogado, Juan Carlos Portugal, durante una conferencia de prensa realizada este lunes.

Según Portugal, la titular del Ministerio Público habría actuado de manera “desafiante e irresponsable con la verdad” al presentar cinco denuncias constitucionales contra Boluarte, sin haber notificado debidamente los fundamentos jurídicos de las mismas.

“Después de cuatro días, no hemos sido notificados formalmente de los fundamentos de esas denuncias, salvo los casos por presunto enriquecimiento ilícito y las cirugías estéticas realizadas en 2023”, indicó.

Carta notarial a Mario Cabani: la presidenta busca limitar sus declaraciones

Durante la misma rueda de prensa, el abogado también confirmó que él mismo redactó la carta notarial enviada al cirujano Mario Cabani, solicitándole que no declare ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el próximo 28 de mayo.

Portugal argumentó que el levantamiento del secreto médico, autorizado por el Poder Judicial, se limita a que Cabani brinde testimonio solo ante el Ministerio Público, en el marco de la investigación liderada por la fiscal Espinoza.

“La resolución judicial delimita el foro: el doctor solo debe declarar ante la fiscal, no ante el Congreso ni medios de comunicación”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que si el médico decide acudir a la citación del Congreso y declara fuera del marco judicial autorizado, enfrentaría acciones legales por desacato.

El trasfondo: cinco denuncias constitucionales y un creciente conflicto institucional

Las denuncias constitucionales interpuestas por la Fiscalía contra Boluarte están relacionadas con posibles delitos de:

• Enriquecimiento ilícito

• Falsedad genérica

• Corrupción de funcionarios

• Uso indebido de bienes del Estado

• Y presuntas irregularidades en sus operaciones estéticas.

Este nuevo enfrentamiento marca una escalada de tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, en medio de investigaciones que podrían tener consecuencias políticas y legales para la mandataria.