

Un docente del colegio privado Lord Byron, ubicado en Arequipa, está siendo investigado por la Fiscalía por el presunto abuso sexual de una estudiante de 13 años, hecho que habría ocurrido en marzo de este año, pero que recién fue reportado públicamente en mayo, según confirmó Roberto Marín Samayani, director de la UGEL Arequipa Norte.
“La denuncia se encuentra en investigación por el Ministerio Público, y desde la UGEL hemos iniciado también una investigación administrativa”, afirmó Marín.
El funcionario explicó que la dirección del colegio y su promotoría no activaron los protocolos establecidos en el Sistema SISEVE, plataforma del Ministerio de Educación (Minedu) para el seguimiento de casos de violencia escolar, lo que constituye una falta gravísima.
La comisión de sanciones de la UGEL Arequipa Norte ya está evaluando el caso y, una vez tipificadas las responsabilidades, será elevado a la Gerencia Regional de Educación para determinar las sanciones correspondientes.
El Reglamento de Instituciones Educativas Privadas del Minedu exige seis protocolos obligatorios que deben activarse ante denuncias de violencia sexual en menores de edad. En el caso del colegio Lord Byron, el presunto abuso habría ocurrido en marzo, pero no se comunicó oficialmente ni se activaron los procedimientos legales ni psicológicos de contención hasta semanas después.
Esta omisión ha generado una ola de críticas en la comunidad educativa y ha encendido las alarmas en las entidades de fiscalización regional y nacional.
El docente acusado ya fue apartado de sus funciones mientras se desarrolla la investigación.
La víctima, una menor de 13 años, estaría recibiendo atención psicológica.
Padres de familia exigen respuestas claras y mayor transparencia del colegio.
Organismos como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han solicitado acciones inmediatas y una auditoría al manejo del caso por parte del colegio.
El SISEVE (Sistema Especializado en Reporte de Casos de Violencia Escolar) es una herramienta del Minedu obligatoria para todas las instituciones educativas, públicas y privadas. Su uso es clave para garantizar la protección de estudiantes ante cualquier tipo de violencia, y el no reporte oportuno representa una infracción grave.