La Universidad de Harvard presentó una nueva demanda federal contra el Gobierno de Donald Trump, en un caso que ha escalado rápidamente hasta convertirse en uno de los más significativos enfrentamientos entre el mundo académico y la política migratoria estadounidense reciente.

La acción legal, presentada ante un tribunal federal en Massachusetts, impugna la prohibición de matrículas a estudiantes extranjeros bajo el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), una medida impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según la institución, esta revocación es una "violación flagrante de la Primera Enmienda" y una represalia directa contra Harvard por rechazar presiones ideológicas del Ejecutivo.

“Es una acción ilegal e injustificada que pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos en Harvard”, afirmó Alan M. Garber, presidente interino de la universidad, en un comunicado oficial. “Esto es también una advertencia a universidades de todo el país que han acogido talento internacional con la esperanza de construir un mejor futuro”.

La demanda va dirigida contra Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; Todd Lyons, director en funciones del ICE; la fiscal general Pam Bondi; y el asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio. Además, Harvard planea presentar una orden de restricción temporal para frenar cualquier intento de retirar su certificación de inscripción para estudiantes internacionales.

De acuerdo con el portal estudiantil The Harvard Crimson, el documento legal de 72 páginas alega que el Gobierno lleva a cabo una "acción sin precedentes y en represalia", a tan solo semanas de que muchos estudiantes internacionales alcancen sus graduaciones o hitos académicos clave. Harvard advierte que revocar su capacidad para acoger a estudiantes extranjeros afecta programas vitales, desde laboratorios de investigación hasta clínicas educativas.

Esta demanda se suma a otra acción legal ya iniciada por la universidad en abril pasado, cuando solicitó al mismo tribunal la recuperación de 2.600 millones de dólares en fondos federales congelados, tras ser acusada de permitir supuestas conductas antisemitas. La universidad argumenta que ya ha cumplido con los requisitos exigidos, incluyendo la entrega de información sobre sus alumnos con visado estudiantil, como solicitaba el Gobierno.

Mientras tanto, la Oficina Internacional de Harvard se mantiene en alerta, proporcionando actualizaciones periódicas y apoyo a todos los estudiantes afectados. “Harvard permanecerá abierta al mundo”, reiteró Garber.