

La policía húngara ha prohibido por primera vez una manifestación contra la homofobia y la transfobia, programada para el 1 de junio, amparándose en una nueva ley que restringe las reuniones relacionadas con el colectivo LGTB+. La decisión ha sido denunciada como arbitraria y discriminatoria por cinco organizaciones no gubernamentales del país.
“El Estado restringe de forma arbitraria uno de los derechos democráticos más fundamentales: el derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión”, señalaron en un comunicado conjunto el Comité Helsinki, Amnistía Internacional Hungría, la Fundación Misión Arco Iris, la Sociedad Háttér y la Sociedad para las Libertades Civiles.
La manifestación, que pretendía defender los derechos de la comunidad LGTBI+, fue prohibida en aplicación de una reforma legal aprobada en marzo por el gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán. Esta nueva legislación prohíbe manifestaciones que “exhiban o promuevan” la homosexualidad o el cambio de sexo, con el supuesto objetivo de proteger a los menores.
La ley establece que “el derecho del menor al desarrollo físico, mental y espiritual adecuado prevalece sobre todos los demás derechos fundamentales”, subordinando incluso el derecho de reunión y libertad de expresión a esta interpretación restrictiva.
Pese a la prohibición, las organizaciones promotoras del evento reafirmaron su intención de seguir adelante con la marcha del Orgullo de Budapest, programada para el 28 de junio, como cierre del mes del Pride. “Queremos que sea más grande que nunca”, declararon.
La aplicación de esta ley alimenta el temor de que también se impida la tradicional Budapest Pride, uno de los eventos más representativos de la comunidad LGTB+ en Europa Central.
La Comisión Europea (CE) anunció que está analizando la legalidad de esta normativa y advirtió que “no dudará en tomar medidas” contra Hungría si se confirman violaciones a los derechos fundamentales.
Además, 22 embajadas europeas, entre ellas Alemania, Francia, España y Reino Unido, han expresado su profunda preocupación por las crecientes restricciones a las libertades civiles y al derecho de manifestación pacífica.
La prohibición coincide con un nuevo paquete legislativo promovido por el Parlamento húngaro —dominando por el partido de Orbán— que podría permitir el cierre de ONG que reciban financiamiento extranjero y sean consideradas como amenazas a la “soberanía nacional”. La medida sigue el modelo de la ley rusa de “agentes extranjeros” impulsada por Vladimir Putin en 2012.
Hungría se enfrenta a un creciente aislamiento diplomático y presión internacional, mientras las organizaciones civiles locales insisten en que no cederán ante una legislación que consideran discriminatoria y represiva.