El pasado 14 de mayo, Mary Andreina Farías Torres, ciudadana venezolana de 31 años y madre de cinco hijos, perdió la vida en circunstancias trágicas en el balneario de San Bartolo, al sur de Lima Metropolitana. Dos técnicos de la empresa contratista de Claro, PC Telecom, acudieron a su domicilio para instalar un servicio de internet y, según denuncias, abusaron sexualmente de ella antes de atropellarla mientras huían.

Las cámaras de seguridad registraron que los técnicos permanecieron en la vivienda desde las 11:00 a.m. hasta después de las 10:00 p.m. Andreina intentó detenerlos colocándose frente al vehículo, pero fue embestida y arrastrada varios metros antes de que los agresores escaparan.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) inició la búsqueda de los responsables y logró capturar a uno de ellos, Rubén Darío Cueva Velásquez, quien fue trasladado a la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima la noche del lunes 26 de mayo. Al momento de su detención, Cueva evitó declarar. Se presume que fue identificado gracias a imágenes captadas dentro y fuera del inmueble de la víctima.

Cueva cuenta con antecedentes de violencia familiar. En 2019, su propia madre lo denunció por agresiones físicas e intento de estrangulamiento. Además, existen testimonios de otras clientas que relatan comportamientos intimidantes por parte del técnico y su compañero, Jean Carlos Montero Huaylinos, quien aún se encuentra prófugo.

Mary Andreina Farías emigró del estado Zulia, Venezuela, en 2019, con la esperanza de mejorar su situación económica y apoyar a sus hijos, quienes continúan en su país de origen. Su historia de esfuerzo conmovió a la comunidad de San Bartolo, donde vecinos y amigos han realizado vigilias y protestas exigiendo justicia y mayor seguridad para las mujeres migrantes.

Makel Buenapico, amigo de Andreina, expresó su dolor por la pérdida: “Verla llegar, salir adelante, progresar por sus hijos... cuesta aceptarlo. Pudo ser mi hija o mi hermana”.

La empresa Claro emitió un comunicado lamentando los hechos, anunciando que activó sus protocolos internos y separó a los trabajadores implicados. Afirmaron haber presentado una denuncia penal y colaboran con las autoridades, aunque remarcaron que “el incidente ocurrió fuera del marco del servicio de instalación, en un entorno de carácter privado”.